El nuevo Fiscal General de California prometió el martes un mayor enfoque en los delitos de odio y dijo que hay "un estado de crisis" debido al aumento de los ataques contra los estadounidenses de origen asiático desde que el coronavirus entró en Estados Unidos después de originarse en China.
Rob Bonta anunció una nueva Oficina de Justicia Racial dentro de su Departamento de Justicia de California y dijo que mantendrá una reunión virtual con los alcaldes de las 13 ciudades más grandes del estado a finales de este mes para discutir los delitos de odio.
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Aproximadamente la mitad de los delitos de odio no se denuncian, son difíciles de enjuiciar porque la ley exige algo que demuestre que están motivados por discriminación racial o de otro tipo, y afectan a muchas razas, religiones y orientaciones sexuales, dijo.
Pero "no se equivoquen, ahora mismo estamos en un estado de crisis total, un estado de emergencia total, en lo que respecta a la violencia de odio contra la comunidad de los isleños de Asia y el Pacífico", dijo.
La semana pasada, dos mujeres asiático americanas fueron apuñaladas en un ataque no provocado en San Francisco, y un recluso de la cárcel del condado Los Ángeles fue acusado de delitos de odio después de que derribó y golpeó repetidamente a un empleado de la cárcel que era asiático americano.
Bonta, un demócrata, es el primer filipino estadounidense en ocupar el puesto más alto de aplicación de la ley en el estado, y utilizó su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 23 de abril para resaltar el problema. El gobernador Gavin Newsom nombró al ex asambleísta para reemplazar a Xavier Becerra, quien se convirtió en el secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU.
Dijo que la nueva oficina incluirá inicialmente a seis abogados y un fiscal general adjunto supervisor dentro de la Sección de Cumplimiento de Derechos Civiles del departamento.
Además de abordar los delitos de odio, la oficina se centrará en otros problemas de justicia social y racial existentes ante su agencia, incluida la supremacía blanca, el sesgo racial en la vigilancia, el fomento de diversos campus universitarios y el nuevo grupo de trabajo del estado para estudiar las reparaciones para los afroamericanos.
