COVID-19

Juez bloquea mandato de vacunación para las prisiones de California

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SACRAMENTO, California – Un juez bloqueó la orden que entraría en vigor esta semana mediante la cual se requería que todos los empleados de las prisiones de California fueran vacunados contra el COVID-19.

El juez del condado Kern, Bernard Barmann, emitió una orden de restricción temporal que impide la aplicación del mandato de vacunación para los guardias y agentes del orden público representados por un sindicato mientras el tribunal evalúa una solicitud de orden judicial preliminar, informó el Sacramento Bee.

El mandato de salud pública, que entrará en vigor el viernes, seguirá aplicándose a otros empleados que trabajan en prisiones y que laboran en instalaciones de atención médica.

La medida tiene como objetivo evitar otro brote de coronavirus como el que mató a 28 reclusos y a un oficial correccional en la prisión estatal de San Quentin el año pasado.

En total, el virus ha matado a 240 reclusos y 39 empleados de la prisión desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, la Asociación de Oficiales de Paz Correccional de California se opone a que sus miembros sean obligados a acatar el mandato.

El grupo tiene mucha influencia en la estructura política estatal controlada por el partido demócrata. Contribuyó con más de 1.7 millones de dólares a la exitosa lucha del gobernador Gavin Newsom en las pasadas elecciones de revocación.

Newsom tiene la reputación de ser uno de los principales defensores de los mandatos de vacunas entre los gobernadores estatales. Su administración había ordenado que todos los empleados estatales, incluidos los que se encuentran en las cárceles, tenían que vacunarse o realizarse pruebas de COVID-19 con regularidad.

Sin embargo, Newsom se opuso cuando el mes pasado un juez federal ordenó que todos los empleados que ingresen a las prisiones de California sean vacunados o tengan una exención religiosa o médica.

El fallo del juez de distrito de los EE. UU. Jon Tigar eliminó una opción para que los empleados de la prisión evitaran la vacunación y, en su lugar, se sometieran a pruebas frecuentes de COVID-19.

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