California

Legisladores reanudan sesión esta semana: ¿cuál es su lista de tareas pendientes?

Los legisladores reanudan su sesión el lunes en medio de la pandemia, la crisis de la vivienda, el desempleo y otros problemas importantes.

Telemundo

Reparar la economía de California devastada por el coronavirus y arreglar una agencia estatal de desempleo que se encuentra en el centro de un caso de fraude titánico que podría superar los $ 2 mil millones están en la parte superior de la lista de tareas pendientes cuando los legisladores reanuden su sesión el lunes.

Ya han presentado numerosos proyectos de ley en respuesta a la pandemia, que van desde extender las protecciones para los inquilinos hasta intentar recuperar parte de la autoridad para tomar decisiones que habían delegado al gobernador Gavin Newsom. Aplazaron su inicio habitual una semana debido al último aumento de coronavirus.

Entre sus prioridades más urgentes, los legisladores están compitiendo para extender las protecciones de desalojo que, de otra manera, expirarían el 31 de enero.

Dos legisladores están impulsando proyectos de ley que mantendrían una ley aprobada hace meses que prohíbe los desalojos de personas que no han podido pagar el alquiler desde que comenzó la pandemia en marzo, aunque deben pagar el 25% de lo que deben desde septiembre. El asambleísta David Chiu quiere extender las protecciones al menos hasta 2021, mientras que un proyecto de ley de la senadora Anna Caballero, una colega demócrata, propone una extensión hasta marzo.

Newsom ha respaldado una extensión, pero no dijo cuánto tiempo debería ser. La Asociación de Viviendas de Alquiler de California objetó que el proyecto de ley de larga duración de Chiu forzaría a muchos propietarios "a la ruina financiera".

Newsom propuso un presupuesto de 227,000 millones de dólares el viernes que entraría en vigor el 1 de julio. Pero está pidiendo a los legisladores que actúen antes sobre una serie de propuestas que, según él, son necesarias para ayudar al estado a recuperarse de la pandemia.

Eso incluye dar un pago único de estímulo de $600 a los contribuyentes que ganan menos de $30,000 al año. El esfuerzo le costaría al estado $2.4 mil millones.

Las manifestaciones llegaron después de que el presidente Trump hizo un llamado a sus simpatizantes para que marcharan y demostraran su descontento ante el resultado electoral.

Newsom también quiere que el estado aporte $575 millones para subvenciones a pequeñas empresas, más millones más en préstamos y exenciones de tarifas. Y está proponiendo que el estado gaste $2 mil millones para ayudar a las escuelas a pagar las pruebas, la ventilación y el equipo de protección personal con la esperanza de que reanuden la instrucción en persona.

Los líderes legislativos se han comprometido a actuar con rapidez, pero tienen sus propias ideas sobre cómo abordar esos problemas.

Un proyecto de ley del asambleísta demócrata Phil Ting requeriría que las escuelas públicas reabrieran dentro de las dos semanas posteriores a que su condado abandone el nivel de cierre más restrictivo del estado. La Asociación de Maestros de California y la Federación de Maestros de California se oponen a la idea, que dijeron que sustituiría la presión política por la ciencia para decidir cuándo es seguro reabrir.

Un proyecto de ley del senador republicano Andreas Borgeas, además de Caballero y la asambleísta demócrata Cottie Petrie-Norris, gastaría $2.6 mil millones en subvenciones para pequeñas empresas.

Los legisladores de ambos partidos están ansiosos por renovar el atribulado Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) del estado, que en un momento tenía una acumulación de 1.6 millones de reclamos iniciales y continuos de trabajadores que perdieron sus trabajos debido a la pandemia.

Según las autoridades de salud publica, esta nueva variante del virus sería más contagiosa. Sin embargo, la vacuna también sería efectiva para inmunizar esta nueva cepa.

El departamento ha resuelto más del 91% de esas reclamaciones, pero la acumulación ha vuelto a crecer cuando California impuso nuevas órdenes de cierre el mes pasado para tratar de detener un aumento sin precedentes de casos de coronavirus que amenaza con abrumar al sistema médico.

El departamento también ha luchado por erradicar el fraude. Los funcionarios estatales han admitido que aprobaron $400 millones en beneficios fraudulentos para los presos, incluidos algunos en el corredor de la muerte.

Petrie-Norris, quien dirige el Comité de Revisión Administrativa y Responsabilidad de la Asamblea, dijo que buscaría una legislación que requiera que el departamento verifique las solicitudes de desempleo con los registros de los reclusos para identificar reclamos fraudulentos. La líder republicana del Senado Shannon Grove y el asambleísta republicano Phillip Chen dijeron que ofrecerían una legislación similar.

"Parece un paso de sentido común y parece impactante que no lo hayamos estado haciendo", dijo Petrie-Norris.

Los funcionarios estatales dicen que la agencia tiene un nuevo acuerdo con el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California que permite a las dos entidades compartir información de manera más amplia.

Petrie-Norris también propone una junta asesora de supervisión para el departamento, al igual que el asambleísta republicano Tom Lackey, mientras que la líder republicana de la Asamblea, Marie Waldron, quiere poner una fecha límite al departamento para procesar nuevas reclamaciones.

Las aplicaciones para optar por los recursos económicos pueden ser enviadas a partir del miércoles a las 8:00 a.m.

El senador republicano Scott Wilk se asoció con la senadora demócrata Melissa Hurtado para proponer que el departamento deje de incluir números de Seguro Social en los documentos enviados por correo después de una auditoría estatal crítica.

La asambleísta demócrata Lorena González propone que el estado permita los depósitos directos del seguro de desempleo en las cuentas bancarias de los beneficiarios. California es uno de los tres estados que pagan con cheques o tarjetas de débito que, según González, carecen de precauciones de seguridad y tienen límites de retiro. También se han congelado en ocasiones mientras el estado investiga el fraude generalizado.

Mientras tanto, los republicanos y algunos demócratas están molestos por las estrictas órdenes de quedarse en casa y otras medidas de Newsom, un demócrata a quien los legisladores inicialmente otorgaron una autoridad extraordinaria para actuar unilateralmente al comienzo de la pandemia.

El asambleísta republicano Kevin Kiley criticó a Newsom el día en que los legisladores se volvieron a reunir por primera vez después de las elecciones de noviembre.

“Nos sentamos y observamos cómo el gobernador Gavin Newsom tomó el poder legislativo para sí mismo, afirmando falsamente que un estado de emergencia, sin importar cuánto dure, transforma a California en una autocracia”, dijo Kiley.

Hace unas semanas, varios dentistas solicitaron permiso al gobernador de California, Gavin Newsom, para administrar la vacuna contra el COVID-19, una labor para la que dicen están capacitados y ayudaría a disminuir la propagación de la enfermedad.

Kiley y su colega, el senador republicano Brian Jones, fueron coautores de tres proyectos de ley relacionados que, según Jones, "ayudarían a recuperar la cordura de cómo debería funcionar el estado de California: como una república democrática, no como una monarquía".

Uno limitaría las declaraciones de emergencia del gobernador a 60 días en lugar de permitir que continúen indefinidamente. Otros dos asambleístas republicanos, Jordan Cunningham y Vince Fong, tienen una medida similar.

Otro prohibiría al estado revocar la licencia de una empresa por no cumplir con una orden de cierre, a menos que las autoridades pudieran probar que causó una transmisión generalizada del virus.

El tercero sostendría que todo niño tiene derecho a la escolarización en persona.

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