SACRAMENTO, California — Más personas con enfermedades mentales podrían ser detenidas en California contra su voluntad en virtud de un nuevo proyecto de ley respaldado el miércoles por los alcaldes de algunas de las ciudades más grandes del país, quienes dicen están luchando para cuidar a la mayor parte de la población sin hogar.
Los datos federales muestran que casi un tercio de la población sin hogar del país vive en California, abarrotando las ciudades costeras densamente pobladas del estado con la población más grande del país. Los legisladores de California han dado a los gobiernos locales miles de millones de dólares en los últimos años para abordar esto, pero a menudo con resultados mixtos que recientemente provocaron una reprimenda pública del gobernador demócrata Gavin Newsom.
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Los líderes locales dicen que sus manos están atadas en muchos casos porque las personas que más necesitan la ayuda se niegan a recibirla. Una ley estatal permite a los tribunales ordenar que las personas reciban tratamiento, pero solo si son “un peligro para ellos mismos o para los demás”. Esta nueva propuesta ampliaría esa definición para incluir a las personas que, debido a una enfermedad mental o una adicción a las drogas ilegales, no son capaces de cuidar de sí mismos o proteger su propia seguridad.
“A menudo me preguntan como alcalde, ‘¿por qué no estás haciendo algo con esta persona que está gritando a todo pulmón en la esquina de la calle’? Y digo, 'bueno, no son una amenaza para ellos mismos ni para los demás', y eso suena falso”, dijo Todd Gloria, alcalde demócrata de San Diego, la octava ciudad más grande del país, con casi 1.4 millones de habitantes. “Nuestras reglas actuales ponen el listón tan alto que no podemos ayudar a esa persona”.
Los legisladores han intentado durante años ampliar la definición de discapacidad grave, incluida una propuesta el año pasado que fue aprobada por el Senado pero nunca salió de la Asamblea estatal.
Deb Roth, principal defensora legislativa del grupo de defensa Disability Rights California, dijo que su organización se opone al proyecto de ley porque ampliaría la ley “de una manera que es altamente especulativa y conducirá a encerrar a más personas en contra de su voluntad y privarlas de derechos fundamentales, incluyendo la privacidad y la libertad”.
“La respuesta debe ser invertir en mayores servicios y apoyos de salud mental voluntarios y culturalmente receptivos para ayudar a las personas a encaminarse hacia la recuperación mientras mantienen su dignidad y sus derechos civiles”, dijo.
California
El senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco, dijo que la mayoría de las personas sin hogar no tienen problemas de salud mental o de adicción, pero un pequeño porcentaje de las personas que viven en las calles están tan gravemente debilitadas que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas.
“No podemos simplemente dejarlos en un hogar y esperar que tengan éxito”, dijo. “A pesar de lo que dicen algunos defensores, no es progresista quedarse sentado y dejar que la gente se deteriore, se desmorone y finalmente muera en nuestras calles”.
El proyecto de ley es el último intento de actualizar la ley de California de 56 años que rige las tutelas de salud mental, un arreglo en el que el tribunal designa a alguien para que tome decisiones legales por otra persona, incluso si acepta tratamiento médico y toma medicamentos.
El tema llamó la atención recientemente con el caso de la estrella del pop Britney Spears, quien estaba bajo una controvertida tutela dirigida por su padre y un abogado antes de que se disolviera en 2021. Pero los defensores dijeron que era un tipo diferente de tutela, con reglas diferentes a las los que los legisladores están tratando de cambiar.
Los defensores señalan el caso de Mark Rippee, un hombre de Vacaville que vivió en las calles durante años mientras su familia le suplicaba que buscara ayuda, pero murió en noviembre.
“No queremos traer a nadie al hospital que no necesite ser hospitalizado. Pero cuando llega ese momento, y no podemos protegerlos, es devastador”, dijo Emily Wood, presidenta del Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Psiquiatras del Estado de California.
El año pasado, Newsom firmó una ley que creó un nuevo proceso judicial en el que los familiares y otras personas podían pedirle a un juez que elaborara un plan de tratamiento para ciertas personas con diagnósticos específicos, incluida la esquizofrenia. Esa ley permitiría que el juez obligue a las personas a recibir tratamiento hasta por un año. Este nuevo proyecto de ley iría más allá al aplicarse a más personas, con un enfoque particular en las personas que están en peligro inminente.
“Es de esperar que esto solo se ocupe de un subconjunto más pequeño de la población que lucha con problemas de salud mental”, dijo Eggman.
Los defensores dijeron el miércoles que creen que tienen suficiente apoyo para aprobar el proyecto de ley este año, citando el nuevo liderazgo de algunos comités legislativos clave en la Asamblea estatal.
El líder republicano de la Asamblea, James Gallagher, habló durante la conferencia de prensa del miércoles, una rara muestra de bipartidismo:
“Tenemos este ciclo de devastación, de devastación humana en las calles, de personas que todos sabemos que necesitan ayuda y literalmente no pueden obtenerla debido a la ley actual. Tiene que cambiar”.
