Por primera vez el gobierno de Estados Unidos confirma que México sí colaboró para recopilar información detallada de periodistas, abogados y activistas.
Una lista que fue secreta hasta que la publicamos aquí en TELEMUNDO 20, en la que decenas de personas aparecen calificadas como “organizadores”, instigadores en relación a la Caravana Migrante.
En una carta fechada el 9 de mayo de 2019, Randy Howe, Director Ejecutivo de Operaciones de Campo para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, señala que "... CBP se asoció con el Gobierno de México [para] abordar las amenazas en desarrollo ..." presentado por el Caravana de migrantes centroamericanos.
"La Policía Federal de México identificó a varios periodistas y fotógrafos como posibles asistentes para cruzar la frontera de manera ilegal y / o con cierto nivel de participación en los eventos de incursión violenta", dice la carta de CBP.
Esa información contradice las declaraciones iniciales de altos funcionarios mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que su gobierno no estaba involucrado en el controvertido esfuerzo de vigilancia.
“Nosotros no hacemos eso, nosotros este ya incluso se canceló el CISEN, no existe. El espionaje, la persecución a ciudadanos. Hay un grupo de inteligencia para atender problemas de inseguridad y de violencia. Pero ya no existe el espionaje político que había y que padecíamos todos, eso ya no existe”, dijo AMLO.
Un día después que TELEMUNDO 20 y NBC 7 Investigates revelara la existencia de la base de datos de vigilancia el gobierno emitió un comunicado:
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“El gobierno de México desaprueba todos los actos de espionaje ilegal contra cualquier persona, nacional o extranjera. El gobierno mexicano no realiza vigilancia ilegal sobre nadie, para ningún tipo o categoría de actividad ”, se lee en un comunicado.
La base de datos fue utilizada por agentes fronterizos para rastrear y almacenar información sobre 59 personas, incluidos periodistas, abogados y defensores de la inmigración, vinculados a una caravana de migrantes que llegó a Tijuana, México a fines del año pasado.
El 1 de mayo, el Centro para la Democracia y la Tecnología, junto con 100 organizaciones de derechos civiles, envió una carta al Secretario Interino del DHS expresando su oposición a la recopilación de datos e instando al departamento a que deje de atacar a activistas, periodistas y abogados para que ejerzan su discurso. Actividades asociativas protegidas por la Primera Enmienda.
En su respuesta del 9 de mayo, CBP dijo que había completado su revisión interna de la "focalización de reporteros, abogados y defensores en la frontera suroeste".
Para leer la carta, haga clic aquí.
CBP dijo que su operación de vigilancia comenzó en octubre de 2018, cuando "el nivel de amenaza de la caravana de migrantes centroamericanos en México alcanzó niveles más altos de lo normal (y) demostró tendencias violentas".
Según la carta de CBP, "... diversas fuentes de información ayudaron a identificar a varias personas involucradas en ayudar a los migrantes a cruzar la frontera ilegalmente o haber presenciado las acciones violentas contra la policía en la frontera".
