El gobierno del presidente Donald Trump no ofreció “argumentos jurídicamente adecuados” para poner fin a un programa que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, determinó el martes un juez federal de Nueva York que ordenó que el programa siga vigente.
El juez federal de distrito Nicholas Garaufis dijo en su orden que el mandatario republicano “indiscutiblemente” tiene la autoridad para poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), pero que al hacerlo se sustentó en posicionamientos legales deficientes.
“El gobierno de Trump debería tener la capacidad para alterar las políticas y prioridades impuestas por su predecesor”, señaló Garaufis.
El juez dijo que su orden no obliga al gobierno a aprobar ninguna solicitud particular para el DACA ni peticiones de renovación.
El fallo correspondió a las demandas presentadas por grupos defensores de los inmigrantes, junto con 15 estados y el Distrito de Columbia.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que la orden no cambia la posición del gobierno de que el DACA se aprobó “soslayando ilegalmente al Congreso”.
“El DACA fue puesto en marcha en forma unilateral después de que el Congreso se negó a extender estos beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”, afirmó O’Malley.
Inmigración
El Departamento de Seguridad Nacional “actuó en el ámbito de su autoridad legal para decidir la terminación del DACA en una manera ordenada” y espera reivindicar su posición en futuras contiendas judiciales, agregó.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar el DACA fue un ejercicio anticonstitucional de su autoridad.
Los beneficiarios del programa, los llamados dreamers, fueron traídos sin autorización cuando eran niños a Estados Unidos o llegaron con familias que se quedaron en el país aun cuando habían vencido sus visas.
“El fallo de hoy (martes) me da esperanza a mí y a los dreamers en todo el país”, afirmó Eliana Fernandez, una demandante en el caso. “Nos emociona este interdicto preliminar”.
Karen Tumlin, directora jurídica del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la manera como Trump decidió poner fin al DACA “no solo fue inmoral, sino ilegal”.
El juez dijo que el gobierno de Trump se basó en una creencia “errónea” de que el programa era anticonstitucional. Su fallo es igual al emitido en San Francisco el mes pasado.
“El DACA no es inconstitucional simplemente porque fue aplicado mediante una acción ejecutiva unilateral sin la autorización expresa del Congreso”, afirmó Garaufis. Dijo que el Congreso ha reconocido la facultad del poder ejecutivo para no expulsar a algunos inmigrantes vulnerables que de otra manera quedarían sujetos a la deportación.
El juez ordenó al gobierno de Trump que permita a los beneficiarios del DACA continuar recibiendo las protecciones, pero rechazó extender el programa para acoger nuevos solicitantes.
Garaufis dijo que la autoridad de su fallo emana de la Ley de Procedimientos Administrativos, que permite a las partes perjudicadas por agencias federales conseguir una revisión judicial de las decisiones de esas agencias cuando sean arbitrarias, caprichosas, un abuso en su discrecionalidad o no acaten la ley.
Dijo que los demandantes podrían conseguir un fallo favorable en su afirmación de que la cancelación del DACA fue arbitraria y caprichosa.
Garaufis dijo que la decisión de poner fin al DACA al parecer se basó exclusivamente en la conclusión jurídica de que el programa era inconstitucional, y violó la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“Como esa conclusión fue errónea, la decisión de poner fin al programa DACA carece de sustento”, apuntó.
