NUEVA YORK -- Donald Trump afirmó el viernes que tiene casi $500 millones en efectivo, pero dijo que preferiría gastarlos en su carrera presidencial que en la sentencia por fraude civil de $454 millones en su contra en Nueva York. El expresidente prometió impugnar el veredicto “hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario”, mientras el estado se prepara para confiscar potencialmente algunos de sus activos si no paga la elevada cuenta.
Trump ha estado tratando de lograr que un tribunal de apelaciones estatal lo exima del requisito de brindar garantías financieras que demuestren que es bueno para el dinero mientras apela el asombroso veredicto. No proporcionó ninguna documentación para su reclamo de efectivo, y sus abogados han sugerido que no es factible inmovilizar tanto efectivo en un bono y al mismo tiempo mantener sus negocios en funcionamiento y cumplir con otras obligaciones.
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En febrero, un juez de Manhattan determinó que Trump mintió repetidamente sobre su riqueza en los estados financieros entregados a bancos y otras entidades para garantizar préstamos y cerrar acuerdos. El juez le ordenó renunciar a los beneficios de determinadas transacciones inmobiliarias y al dinero que ahorró obteniendo tipos de interés más bajos en los préstamos. Trump niega haber intentado engañar a nadie.
Tan recientemente como el jueves, los abogados de Trump reiteraron en documentos judiciales que estaban teniendo dificultades para obtener una fianza que cubriera la sentencia porque los aseguradores insistieron en efectivo, acciones u otros activos líquidos en lugar de bienes raíces como garantía. Más de 30 compañías de fianzas rechazaron sus súplicas, dijeron.
Los abogados de Trump pidieron al tribunal intermedio de apelaciones del estado que revocara un fallo anterior que exigía que Trump pagara una fianza que cubriera el monto total para detener la ejecución. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se ha opuesto a la solicitud de Trump, instando al tribunal de apelaciones a exigir el monto total para garantizar que el Estado pueda acceder fácilmente al dinero si se confirma el veredicto.
Para obtener una fianza, los abogados de Trump dijeron que probablemente tendría que pagar el 120% de la sentencia, o más de $557 millones. El tribunal de apelaciones aún no se ha pronunciado.
"Lucharé contra esto hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario", dijo Trump el viernes a Fox News Channel. Al caracterizar erróneamente la ley, añadió: "No pueden quitarle su propiedad antes de que haya tenido la oportunidad de apelar".
Debido a que el caso de fraude fue juzgado en un tribunal estatal, Trump probablemente tendría que agotar primero el proceso de apelaciones estatales o pedirle a un tribunal federal que se hiciera cargo del caso, lo cual es poco común, para siquiera tener la oportunidad de llevar su lucha a la Corte Suprema de Estados Unidos. Un litigante que pierde en un tribunal federal de apelaciones o en el tribunal superior de un estado (en Nueva York, llamado Tribunal de Apelaciones) puede entonces presentar una petición de auto de certiorari, que es un documento pidiendo a la Corte Suprema que revise el caso.
Contrariamente a lo que afirma Trump, la confiscación de activos es una táctica legal común cuando alguien no puede acceder a suficiente efectivo para cubrir una multa civil, incluso mientras una apelación está pendiente. La apelación, por sí sola, no detiene el cobro. Salvo intervención judicial, James estaría dentro de sus derechos legales para iniciar la confiscación de la propiedad de Trump si él no paga.
En una publicación el viernes en su plataforma Truth Social, Trump sugirió que tenía suficiente efectivo para al menos cubrir la sentencia en su totalidad, pero no creía que debería gastarlo de esa manera.
"Gracias al trabajo duro, el talento y la suerte, actualmente tengo casi quinientos millones de dólares en efectivo", escribió en mayúsculas, añadiendo que había planeado utilizar "una cantidad sustancial" en su campaña presidencial.
Trump, un republicano, nunca antes había sugerido que contribuiría a su propia campaña de 2024 y ha estado solicitando contribuciones de donantes externos desde antes de dejar la Casa Blanca. Cuando se postuló en 2016, Trump afirmó repetidamente que estaba autofinanciando su campaña, a pesar de que dependía de fondos de donantes.
“No necesito el dinero de nadie”, dijo en su discurso de anuncio en 2015. “Estoy usando mi propio dinero. No estoy utilizando a los cabilderos, no estoy utilizando a los donantes. No me importa. Soy realmente rico”.
Al final, Trump terminó gastando alrededor de $66 millones de su propio efectivo en préstamos y contribuciones en esa carrera, mucho menos de los $100 millones que prometía frecuentemente.
Si Trump realmente tiene casi $500 millones en efectivo, como afirmó, podría convertirse en tema de una futura batalla judicial sobre sus activos. James, una demócrata, podría iniciar esfuerzos para cobrar el fallo legal que ganó contra Trump tan pronto como el lunes, a menos que intervenga un tribunal de apelaciones.
James ha dicho que está preparada para intentar confiscar algunos de los activos de Trump, aunque no estaba claro qué tan rápido podría suceder. Su oficina se ha negado a comentar sobre sus planes.
En abril pasado, Trump testificó en una declaración en el caso de fraude civil que tenía “sustancialmente más de $400 millones en efectivo”, pero eso fue antes de vender sus derechos para administrar un campo de golf en la Ciudad de Nueva York al operador de casinos Bally's por $60 millones. Antes de eso, en un estado financiero del 30 de junio de 2021, Trump informó que tenía $293.8 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y un patrimonio neto general de $4,500 millones.
La sustancial riqueza personal de Trump probablemente creció aún más el viernes cuando los accionistas de una empresa fantasma que cotiza en bolsa aprobaron un acuerdo para fusionarse con su negocio de medios, que opera el sitio de redes sociales Truth Social. Según el precio de las acciones del jueves, la participación de Trump en la compañía podría valer más de $3 mil millones, aunque las reglas podrían impedirle vender acciones recién emitidas durante al menos seis meses.
