La ciudad de San Francisco y el californiano condado de Santa Clara presentaron este viernes una petición judicial para bloquear la orden ejecutiva de Trump que recorta fondos federales a las jurisdicciones "santuario".
Las demandas fueron presentadas en una audiencia simultánea ante el juez federal William Orrick, quien señaló que tratará de "emitir una orden tan pronto como pueda" ante al pedido para que se suspenda la orden presidencial contra las jurisdicciones declaradas "santuario de indocumentados".
En la sesión del viernes, Chad Readler, el asistente encargado del Fiscal General, argumentó que la orden presidencial no conlleva la masiva pérdida de fondos federales a los gobiernos que rechacen cooperar con las autoridades de Inmigración, que es el argumento de los peticionarios, y que lo que estaba en juego era una pequeña porción de dinero.
John Keker, representante del condado de Santa Clara, alegó que tanto el presidente, Donald Trump, como el fiscal general, Jeff Sessions, han manifestado su clara intención de recortar fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con las autoridades de inmigración.
En el escrito presentado ante la corte, el condado de Santa Clara calcula que podría perder hasta 1,700 millones de dólares anuales si se aplica a plenitud la orden presidencial.
San Francisco, por su parte, estima que la orden ejecutiva pone en riesgo a las arcas de esta ciudad californiana 1,200 millones de dólares provenientes del Gobierno federal.
El Senado de California aprobó a comienzos de este mes el proyecto de ley que convierte a todo el territorio en un "estado santuario" y que prohíbe a las agencias locales del orden colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. La medida se halla actualmente en estudio en un comité de la Asamblea.
Inmigración
Según Philip Wolgin, director asociado de Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), en el país hay "más de 600 ciudades y condados -al igual que varios estados- que han adoptado políticas que limitan la asistencia que las autoridades locales ofrecen las autoridades federales de inmigración".
