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San Diego proporcionará representación legal a inmigrantes que enfrenten deportación

La Mesa de Supervisores del Condado aprobó el martes un plan que convertirá a San Diego en el primer condado fronterizo del sur de EEUU en garantizar el derecho de un abogado.  

Telemundo

SAN DIEGO – La Mesa de Supervisores del Condado aprobó el martes un plan que convertirá a San Diego en el primer condado fronterizo del sur de EEUU en garantizar el derecho de un abogado.  

El plan de la supervisora Terra Lawson – Remer ayudará a abordar el atraso actual en los tribunales de inmigración con un proyecto piloto de un año que costará $5 millones y que esperan se convierta en un recurso permanente en la Oficina del Defensor Público del Condado de San Diego y agencias regionales de defensa de inmigrantes y organizaciones sin fines de lucro, informó el condado en un comunicado de prensa el martes en la tarde.

“Nuestro sistema de justicia debe basarse en hechos y leyes, no en el acceso a la riqueza y los recursos. Todos en esta nación, sean ciudadanos o no, tienen el derecho establecido en nuestra constitución de ser representados por un asesor legal, y este programa ayudará a los inmigrantes a tener la posibilidad de tener un día justo en la corte”, dijo la Supervisora ​​Lawson-Remer, quien también es abogada.

“Tres de mis bisabuelos huyeron a Estados Unidos para escapar de la tortura y los asesinatos en masa de judíos en Europa, y cien años después, nuestro país sigue siendo un faro de esperanza para las personas que huyen de la persecución. Cuando cumplimos la promesa estadounidense de justicia igualitaria para todos, damos dignidad a los inmigrantes, hacemos que el sistema legal sea más eficiente y fortalecemos nuestros valores como estadounidenses”, dijo Lawson-Remer.

La propuesta fue elogiada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y destacadas organizaciones de derechos de los inmigrantes.

“Hacer que la representación legal de calidad esté disponible para los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación es esencial para cumplir con los principios fundamentales de la constitución de los Estados Unidos, que establece el debido proceso y el derecho a un juicio justo”, dijo Norma Chávez-Peterson, Directora Ejecutiva de la ACLU de Condados de San Diego e Imperial. "El supervisor del condado de San Diego Lawson-Remer y la ACLU de los condados de San Diego e Imperial están dando un paso audaz con este sólido programa de defensa legal para inmigrantes, estableciendo a la región como líder en justicia e igualdad".

La Oficina del Defensor Público del Condado de San Diego actualmente brinda servicios de defensa legal criminal a la región, y su Oficina de Asesoría Jurídica Asignada ya brinda servicios similares que requieren la contratación de abogados externos.

El personal del condado informará en 90 días con un plan para financiar y operar permanentemente el programa.

En San Diego, un inmigrante indocumentado corre mayor riesgo a ser arrestado por autoridades de migración que en la mayor parte del país. Y muchos de ellos terminan en un centro de detenciones como el de Otay Mesa, donde enfrentan a su peor enemigo que es la falta de representación legal.

Este programa les abriría esas puertas a miles de migrantes para salir de ese centro, y permanecer en el país.

“Es mucho trabajo, son horas de estar aquí esperando ver su cliente, no pueden usar internet, es mucho costo para un abogado tomar su caso", dijo Adela Mason del Proyecto de Justicia Inmigratoria.

Ella agregó que solo el 5% de los inmigrantes que enfrentan deportación en San Diego ganan su caso sin ayuda legal.

La oportunidad de representación legal

Y la supervisora del 3er distrito del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer anunció un programa para ayudar legalmente a quienes llevan meses o años esperando su día en una corte de inmigración.

“No hablan inglés, no entienden nuestras leyes y tienen que representarse solos frente a un juez así que es casi imposible", agregó Mason.

La junta de supervisores con ayuda de la oficina de defensores públicos decidirán cuantos abogados de inmigración participarán en el programa, van a analizar luego de un año los resultados para entonces implementar cambios que los ayuden a acelerar aún más el proceso legal.

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