Las cortes nacionales vienen trayendo un retraso en asuntos migratorios de más de 600.000 casos, y según autoridades federales parte del problema son las largas y frecuentes extensiones pedidas por los abogados migratorios. Por medio de un comunicado a Telemundo 20, el Departamento de Justicia aseguró que el uso de extensiones en casos migratorios aumentó en un 23% entre el año fiscal 2006 al 2015.
Para detener esto, a finales de julio de 2017 desde el Gobierno de los Estados Unidos enviaron un memorándum a los jueces migratorios de la nación pidiendo que no autorizaran automáticamente este tipo de extensiones, a menos que se demostrara una causa suficientemente motivada.
Aunque controversial, la estrategia parece estar funcionando a favor del Gobierno. Según estadísticas del Departamento de Justicia, tan solo en el área de San Diego, la resolución de casos migratorios aumentó en un 38% en la Corte Centra de San Diego, 42% en la corte de Otay y un 119% en la corte del Condado Imperial.
“Yo entiendo que hay que ser eficientes si lo ves desde el punto de vista de esa lógica, tiene sentido el problema es que cuando una persona necesita preparar su caso a veces necesita tiempo”, aseguró Jan Joseph Béjar, abogado de inmigración en San Diego.
Béjar dice que mientras el Gobierno Federal pide un proceso ágil y rápido, los abogados y sus clientes no reciben el mismo trato. Al momento de pedir documentación para defender sus casos, en algunas ocasiones, Béjar dice tener que esperar meses para obtener la evidencia necesaria.
“Cuando el gobierno quiere utilizar incluso el mismo documento que estamos pidiendo, para perjudicar al cliente lo tienen en 15 minutos. Hay una carencia de justicia ahí muy marcada”, agregó Béjar.
En muchos de esos casos, los migrantes de los casos resueltos fueron deportados o escogieron la deportación voluntaria.
Local
Hiram Soto de Alianza San Diego dice que el incremento en deportaciones no lo sorprende. “Trump está armando una fuerza gigantesca de deportación, de eso no cabe duda”.
Desde la administración Trump, el Departamento de Justicia también ha contratado a más jueces de inmigración. Hasta la fecha ya han sido 34 y esperan contratar al menos 50 más.
