La Ciudad de San Diego inició el proceso para revocar el permiso de operación a Lime, una empresa de patines motorizados o scooters.
El Departamento de Servicios de Desarrollo de la Ciudad (DSD, por sus siglas en inglés) envío una carta a Lime, el viernes, para notificar a la empresa del intento de revocar el permiso de dispositivos móviles compartidos basado en la violación al código municipal.
Lime fue encontrado en violación del reglamento municipal sobre el geofencing, velocidad y restricciones de operación, el 13 y 14 de julio, y el 1 de agosto, según la carta.
El pasado 14 de mayo, la Ciudad aprobó una ley para los patines y bicicletas motorizadas que tomó efecto el 1 de junio. Las reglas de geofencing incluyen restricciones en el uso de los dispositivos en ciertas áreas, y en algunos casos, en la reducción del límite de velocidad desde tres hasta ocho millas por hora, dependiendo de la zona.
El DSD solicitó una audiencia para iniciar el proceso de anulación del permiso de operaciones de Lime. El permiso seguirá en curso hasta que se tome una decisión en la audiencia y que finalicé el proceso.
"Hemos informado a la Ciudad que cumplimos, y es desafortunado que hayan optado por avanzar con esta audiencia. Cómo el operador con más tiempo de servicio con más de 3 millones de viajes sólo en San Diego, continuaremos enfocándonos en crear un ambiente seguro para todos", dijo un vocero de Lime a NBC 7.
Es ilegal para cualquier empresa de patines o bicicletas motorizadas, que se opere en la ciudad de San Diego, sin un permiso de operaciones.
Local
Los permisos de operaciones son emitidos por el Manejador de la Ciudad, y se entregan en enero, y julio, y sólo duran un periodo de seis meses. Las empresas deben de esperar por lo menos seis meses desde la fecha de anulación de permiso para aplicar para uno nuevo.
La Ciudad dice que las empresas a las que se les anule su permiso, tienen 10 días para dejar de operar dentro de la ciudad y tomar sus dispositivos incluyendo los dispositivos confiscados ($65 de cuota por cada dispositivo confiscado). Si la empresa no toma todos sus dispositivos, la Ciudad puede tomarlos y desecharlos bajo el costo de la empresa.
