El 12 de febrero, el Presidente Donald Trump reveló un presupuesto de $4.4 trillones para el 2019 el cual incluye un plan de $1.5 trillones para proyectos de infraestructura en todo el país.
El plan pide $200 billones en dinero federal para los próximos 10 años para impulsar el gasto de $1.5 trillones en infraestructura, dependiendo de los gobiernos estatales y locales y el sector privado para que contribuyan a la financiación.
Una vez que el dinero llegue al Condado de San Diego, éste podría ayudar a que avancen dos grandes proyectos, los cuales mejorarán drásticamente la seguridad, de acuerdo a residentes.
Residentes de Ramona están debatiendo para expandir las porciones de la ruta estatal 67 donde la autopista cuenta con sólo dos carriles.
Los habitantes dicen que los autos se estancan en la carretera cuando piden evacuar a las personas en el área debido a una amenaza de incendios. En áreas donde solo hay un carril para cada dirección, puede ser extremadamente difícil para que las familias en apuro se transporten y así mantenerse seguras.
El Grupo de Planeación de Ramona dijo que la ruta estatal 67 debe ser expandida a cuatro carriles para manejar mejor las emergencias de tráfico.
"¿Habrá otro incendio?" preguntó Jim Piva, un residente de Ramona quien está a favor de la expansión de la autopista. “¡Tú sabes que habrá otro incendio! Y no es cuestión de si habrá otro, sino cuándo. Es por eso que la 67 (expansión) es importante”.
Local
El lado este del condado es otro lugar donde la proyecto de infraestructura puede contribuir a una disminución en el tráfico.
Actualmente, no hay un puente de transición desde el lado sur de la ruta estatal 125 al este de la ruta 94, así que los conductores deben salirse por la 125, lo que ocasiona tráfico.
Los residentes del área dicen que el sistema ineficiente provoca embotellamientos e interrupciones en las calles de los vecindarios cercanos. También dice que los alrededores se encuentran en peligro cuando los conductores toman atajos y andan a exceso de velocidad por las calles de la ciudad para evitar el área.
Una rampa de transición adecuada costaría al menos $60 millones, y es una prioridad para los planificadores de tránsito.
