Representantes de 15 organizaciones civiles y albergues en Tijuana y el resto del país, se manifestaron este martes ante autoridades del gobierno local y federal. Vestidos de negro, pidieron un minuto de silencio por las políticas migratorias que dijeron han muerto en México.
"Si ya se cansó nuestro gobierno, que nos lo diga, estamos listas para luchar", dijo Yolanda Varona, fundadora de Dreamers Moms en Tijuana.
Los manifestantes reclamaron el trato del gobierno federal a los migrantes.
"Toda esa tradición se acabó y nos hemos convertido en un país represor, perseguidor de migrantes, deportador de migrantes, es terrible", dijo la directora de Families Belong Together, Soraya Vázquez.
Migrantes dijeron que este tipo de tratos los obligan a regresar a su país.
"Ya no quiero seguir esperando, yo mejor me regreso", dijo la migrante de Honduras, Siria Figueroa.
La migrante dijo que aunque acudió a su última cita de asilo el 25 de septiembre, ningún proceso fue efectivo.
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"No ahí no le dan esperanza a uno, para que, ahí vas digamos sólo a ver al juez nada", dijo Figueroa.
Los activistas levantaron pancartas para pronunciarse en contra de las redadas del Instituto Nacional de Migración junto a la Guardia Nacional, y el funcionamiento de la lista para solicitar asilo desde Tijuana.
"Denunciamos las prácticas de retorno asistido de las autoridades mexicanas hacia los menores no acompañados", dijo la directora de Espacio Migrante, Paulina Olvera.
Sólo 600 trámites de refugio en México se han hecho de julio a octubre, según la Comisión de ayuda a refugiados, y el albergue que prometió el gobierno federal no ha iniciado sus operaciones.
"Ya se han tardado demasiado el presidente ordeno que se hiciera de inmediato, pero yo sé que es de recursos pero no hay pretexto", dijo el delegado de COMAR en Baja California, José Luis Pérez Canchola.
Ante los reclamos, la Secretaría de Gobernación negó haber terminado con las políticas migratorias del país.
"Me parece que por primera vez en la historia de este país este gobierno está construyendo una política de derechos humanos, no pueden matar algo que no existía", dijo Rocío González Higuera del Registro de identidad de personas de Segob.
Para Figueroa, esto ya fue tarde, y dijo que espera que sus familias en Honduras le envíen dinero para regresar a casa, junto a sus hijos de 10 y 6 años.
"Renuncié a todo eso, ya, ya no vuelvo ya, primera y última vez", dijo la migrante.
Ante la exigencia de resultados y respuestas, las organizaciones pactaron una cita este miércoles en las oficinas del gobierno estatal, para llegar a mejores acuerdos contra la expulsión y el que llamaron acoso a los migrantes en el país.
