SAN DIEGO- El alcalde de San Diego, Todd Gloria, dijo que la ciudad pondrá a disposición de los residentes de la ciudad más de $42 millones en asistencia federal para el alquiler de emergencia, y propuso la extensión de las protecciones de desalojo para inquilinos y negocios.
"Mientras los habitantes de San Diego estén sufriendo financieramente por esta devastadora pandemia, la ciudad tiene la obligación de hacer todo lo posible para protegerlos", dijo Gloria. "Nuestra principal prioridad es asegurarnos de que nadie se quede sin hogar o pierda su tienda porque haya perdido ingresos o salarios debido a las órdenes de cierres de emergencia".
El año pasado, la ciudad creó programas que distribuyeron más de $15 millones en asistencia para inquilinos residenciales con dificultades y casi $19 millones para pequeñas empresas.
Los $42.3 millones que la ciudad ha recibido como resultado de la Ley Federal de Asignaciones Consolidadas, promulgada en diciembre, están destinados a brindar asistencia financiera para cubrir el alquiler no pagado y los servicios públicos para hogares residenciales que califican y que han sido afectados por COVID-19.
Estos fondos se distribuirán a través de un programa administrado por la Comisión de Vivienda de San Diego, y los detalles sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud se recibirán próximamente.
A través de una ordenanza promulgada el año pasado, los inquilinos de San Diego afectados por la pandemia fueron protegidos del desalojo entre finales de marzo y agosto de 2020. El 1 de septiembre, la legislación estatal de urgencia firmada por Newsom prevaleció sobre la ordenanza de la ciudad.
Sin embargo, esa ley desaparece después del 31 de enero. Para continuar brindando protección a los inquilinos, el Concejo Municipal considerará una ordenanza de emergencia el martes. La ordenanza propuesta por Gloria para inquilinos residenciales permanecería en vigor hasta 60 días después de que se levante la declaración de emergencia de la ciudad.
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Las empresas también estaban protegidas contra el desalojo por la ordenanza del año pasado, pero no estaban cubiertas por la legislación que firmó Newsom. Gloria propondrá restablecer las protecciones para los inquilinos comerciales hasta el 30 de junio de 2021 o 60 días después de que se levante la declaración de emergencia de la ciudad, lo que ocurra primero.
Según las ordenanzas propuestas, los residentes y las empresas seguirían siendo responsables de cualquier pago de alquiler o arrendamiento no pagado. Se anima a los inquilinos y propietarios a elaborar planes de pago. Los inquilinos deben comunicarse con sus propietarios para calificar para la protección.
Si esas ordenanzas se aprueban según lo propuesto, los residentes que califiquen no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler debido a dificultades financieras relacionadas con COVID-19 acumuladas durante el período que comienza en marzo de 2020 y termina 60 días después de que finaliza la declaración de emergencia de la ciudad.
Cualquier falta de alquiler que se acumule durante este período y no se reembolse se convertirá en deuda de consumidor. Sin embargo, los términos del Proyecto de Ley de la Asamblea 3088 tienen prioridad para la deuda de alquiler acumulada desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021.
Las empresas afectadas tendrían seis meses a partir del final de la moratoria de desalojo comercial para realizar los pagos pendientes.
