SAN DIEGO (AP) — La administración del presidente Donald Trump descartará los estudios ambientales para reemplazar hasta 14 millas de la valla fronteriza en San Diego, protegiéndose así de demoras que pudieran obstaculizar la construcción.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que emitirá la sexta exención de la presidencia de Trump de una ley de 2005 que otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de descartar revisiones requeridas por las leyes ambientales si se considera que lo hace en aras de la seguridad del país. Esas leyes incluyen la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro.
La concesión más reciente, que podría ser publicada en el Registro Federal en una fecha tan próxima como el viernes, allana el camino para que este mes comiencen las obras para remplazar una segunda cerca en la barrera de San Diego de alambre que funcionaba como una fortaleza cuando fue erigida hace aproximadamente una década, pero que ahora es frecuentemente cortada con sierras portátiles.
Las exenciones permiten evitar las revisiones y las demandas que impugnan la violación de las leyes ambientales, todo lo cual consume mucho tiempo.
El gobierno otorgó un contrato de $101 millones a la empresa SLSCO Ltd., de Galveston, Texas, para que construya una barrera de bolardos de acero de 30 pies de altura, con opciones para unos 30 millones de dólares adicionales. Las obras comenzarán este mes.
La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo en un aviso público que el sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego es “un área de elevados ingresos ilegales”, con más de 38,000 arrestos y más de cuatro toneladas de marihuana y 1,800 libras de cocaína incautadas en el año fiscal 2018.
El de San Diego fue el tercer corredor con mayores cruces ilegales entre los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México en 2018, después del Valle del Río Grande en Texas y Tucson, en Arizona.
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El trabajo para reemplazar la primera capa de la barrera está prácticamente terminado, también de 14 millas de largo y hecho de bolardos de acero de hasta 30 pies de altura.
Grupos ambientalistas criticaron la exención más reciente.
“Trump no está haciendo caso a las leyes que protegen la salud pública y la fauna en peligro de extinción de forma que pueda cumplir una promesa de campaña llena de odio”, dijo Laiken Jordahl, especialista en campañas en tierras fronterizas para el Centro por la Diversidad Biológica. “Las comunidades y los ecosistemas de la frontera están siendo trastocados por esta militarización, pero la Patrulla Fronteriza ni siquiera le dará a los habitantes la cortesía de una audiencia pública. Esta es la definición de la ilegalidad”.
El gobierno de Trump ha asignado contratos para construir el muro valuados en $1,000 millones, la mayoría de ellos para reemplazar las barreras existentes, incluyendo $716 millones a SLSCO. El trabajo en la primera extensión comienza éste mes de 33 millas en el Valle del Río Grande, por mucho el corredor con más cruces ilegales.
El gobierno del presidente George W. Bush emitió cinco exenciones, preparando el terreno para que las barreras cubrieran aproximadamente una tercera parte de la frontera con México. El gobierno de Barack Obama no emitió ninguna exención.
