En exclusiva desde la casa de José Núñez, quien en 1950 fue parte del programa bracero, y hoy fue buscado por el gobierno federal para entregarle un recurso de 38,000 pesos, un dinero que dice por décadas le prometieron y ya no esperaba.
"Al seguro social, pero ahí les enseñé la tarjetita esa y me dijeron que necesitaba otros papeles", dijo el bracero mexicano en Tijuana, José Núñez.
El señor José, fue bracero en la pisca, algo que le costó sudor, le dejó las manos marcadas para siempre.
"Duré seis meses y de ahí todos los que están aquí se van a México", dijo Núñez.
Su país natal, que le cobraba el 10 por ciento de sus ganancias con promesas de devolvérselo en un fondo de ahorro.
"Nunca se les entregó, es una de las grandes vergüenzas de los gobiernos de la revolución mexicana", dijo el delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.
Hoy, un programa del gobierno federal quiere encontrar a decenas de estos trabajadores que en Baja California aún quedan por cobrar, o a sus familiares.
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"Viudas de ex braceros o viudos de ex braceras porque también había mujeres braceras", dijo el delegado de Programas de Desarrollo, Gilberto Herrera.
Un dinero que la familia de José ya intentó recuperar cuando no tenían para mantener su casa.
"En un carrito vendía raspados, en tiempo de calor y en tiempo de frio vendía cañas, jícamas", dijo al esposa de bracero, Helena Ayala.
Durante esa épica, José tuvo un accidente que le dejó secuelas para toda la vida.
"Lo atropellaron y quedo casi invalido", dijo Ayala.
José aún guarda credenciales, pasaportes, y documentos de sus días de bracero en Estados Unidos. Que ahora espera le sirvan para finalmente recobrar lo que es suyo.
Aunque para otros, la muerte de adelantó al pago, e hijos de braceros como Juan, dice que este recurso llegó tarde.
"No supe ni sé todavía que hacer para poder recuperar eso que le correspondía a mi padre", dijo el hijo de bracero, Juan Huerta.
El gobierno federal dice sólo tener en su registro a siete personas de Tijuana que fueron braceros, y un total de 31 en Baja California, todos en espera de que cobren un dinero que dicen por años les debe el gobierno de México.
