La AB 450 llega mientras se ha duplicado el número de arrestos de inmigrantes sin antecedentes en los primeros meses de 2017, y muchos defensores de los inmigrantes temen que las incursiones en el lugar de trabajo sean la próxima arma de las autoridades migratorias.
“En un ambiente de división y miedo, California debe continuar defendiendo a sus trabajadores, protegiendo sus valores, y asegurando que sus leyes protejan a todos nuestros residentes”, dijo el asambleísta Chiu, un hijo de inmigrantes y un exabogado de derechos civiles.
California no ha tenido una buena historia con incursiones en el lugar de trabajo. La última gran redada fue en el 2008, en una fábrica de impresoras en el Valle de San Fernando.
Durante esta redada detuvieron 130 trabajadores presuntamente indocumentados.
Las disposiciones específicas de AB 450 incluyen:
• Proteger a los trabajadores de ser detenidos injustamente en su lugar de trabajo, requiriendo a los empleadores que soliciten una orden judicial antes de conceder el acceso de migración.
• Evitar que los empleadores compartan información confidencial de los empleados, como un número de Seguro Social, sin una citación.
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• Requerir a los empleadores que notifiquen al Comisionado de Trabajo y al representante de los empleados de una redada. Los empleadores también deben notificar al Comisionado de Trabajo, empleados y representantes de empleados de una auditoria I-9.
• Evitar que los empleadores tomen represalias contra los empleados que reportan reclamos laborales al permitir que los trabajadores que sean cruciales para una investigación de reclamo laboral recibir la certificación del Comisionado del Trabajo. Esta certificación protegería al trabajador y ayudaría a adjudicar con éxito las violaciones laborales.
A nivel nacional, hay reportes de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que descienden en un lugar de trabajo para redadas masivas de inmigrantes.
La administración Trump ha pedido la contratación de 10,000 más agentes de ICE para agilizar las deportaciones.
En California, los trabajadores han reportado que empleadores los amenazan con llamar a las autoridades de inmigración cuando intentan ejercer sus derechos a salarios mínimos, interrupciones de comida o actividades de organización que están protegidas por la ley de California, independientemente de su estatus.
