CHULA VISTA- La ciudad de Chula Vista se encuentra en una disputa por una medida legal que impactaría muchos aspectos la vida de sus residentes. La Medida “A” aprobada en el 2018, permitiría la contratación de más policías y bomberos, sin embargo, ahora el procurador de la ciudad quiere usar fondos de esa medida para contratar expertos legales para cerrar dispensarios de mariguana.
El residente de Chula Vista y miembro del comité supervisor de la Medida A, Pedro Anaya explicó que la propuesta del procurador de contratar a un investigador y a un paralegal, reforzaría el apoyo a las fuerzas del orden público, como la policía y otros organismos, y también fortalecería la seguridad colectiva a largo plazo.
“Estas posiciones que se están considerando van a apoyar a esos policías para cuando haya un crimen, no nomás los arresten los lleven a la cárcel y a los dos, tres días salgan”, dijo Anaya.
Sin embargo, la concejal Jill Gálvez dijo que es mucho el sacrifico que las personas hacen al pagar el impuesto de la medida A, la cual pagan, cada día, cada vez que hacen una transacción de compra y venta, y por esa razón ella quiere proteger su objetivo.
“Las personas que votaron por la Medida A votaron porque quería más policías y más bomberos trabajando para la ciudad de Chula Vista”, dijo Gálvez.
Y es que cuando la Medida A fue propuesta en el 2018, fue presentada como una necesidad de incremento de impuesto para contratar más bomberos y policías y nunca se habló de los comercios de mariguana. Sin embargo, el problema de estos negocios ilegales en la ciudad ha crecido a tal punto que muchas personas expresaron su interés porque se hagan las contrataciones que sean necesarias para que los establecimientos sean cerrados.
Uno de ellos fue Iginio Rodríguez, quien trabaja en la calle tercera de Chula Vista en la que en solo tres cuadras, hay 5 comercios ilegales de mariguana operando con total normalidad a plena luz del día.
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“Lo ideal sería mejores abogados, pero con tal de que hagan su trabajo realmente y que no nada más intenten creer que eso es lo que se va a hacer pero que no se haga”, dijo Rodríguez.
De igual manera, Aylin Angulo, quien es estudiante del campo de la salud, dijo que tener estos dispensarios cerca de su universidad tiene problemas para la comunidad estudiantil, pero que no ha visto mayores cambios.
“He visto muchas patrullas por aquí y no, no siento que hagan mucho… (si contratan más expertos legales) Siento que es algo más directo, como que mas Seguro que los vayan a cerrar”, explicó Angulo.
Por su parte, Blanca Castillo, quien es profesora, dijo que opina que la situación es complicada, pero que es urgente encontrar una forma de cerrar las opciones legales que les permiten a esos negocios seguir operando.
“Es una pregunta difícil porque a largo plazo si no cerramos los dispensaries, vamos a ocupar los policías, vamos a ocupar más supervisión en las calles, mas regularización, pero de igual manera los abogados son esenciales, porque sino, siempre van a encontrar “loopwholes” y van a encontrar maneras de abrirlos y mantenerlos activos”, dijo Castillo.
