TIJUANA- El Congreso de Baja California aprobó este miércoles, la reforma al dictamen 31 y 32 propuesto por el gobernador del estado Jaime Bonilla, en el que en primera instancia penaliza hasta por 9 años de prisión a personas u organizaciones que regularicen los llamados "autos chocolate".
“Comete delito de control vehicular, la persona que sin autorización de la persona competente promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias o engomados con la promesa o convicción que con ellos podrá circular en vehículos automotrices que no cuenten con documentos que acrediten su estancia legal en territorio del estado”, leyó ante el congreso, el diputado Juan Manuel Molina, quien también leyó a los diputados el dictamen número 32.
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Este apartado de la propuesta de ley de Bonilla, propone la creación del Instituto de identidad vehicular y combate a la contaminación en Baja California, la cual se aprobó con 16 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
La diputada, Eva María Vázquez se dijo en contra, debido a verlo solo como una medida recaudatoria. Así como el diputado, Gerardo López, quien aseguró en su calidad de abogado: “No se podía regularizar lo ilegal”.
En Tijuana, la Camára Nacional de Comercio también se dijo en contra de la propuesta de Bonilla.
“Estamos con una competencia desleal de 8 a 2 o 9 a 1 con esto nos vamos a ir al hoyo”, aseguró Jorge Macías presidente de CANACO, quien agregó diversas asociaciones de autos nuevos como la asociación mexicana de la industria automotriz, AIMA; AMDA, ANPACT e INA habían solicitado de forma expedita la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el tema.
“No creemos que se pueda dar autorización para que anden circulando vehículos que están ilegalmente en el país”, señaló Macías.
Local
La ley para la regularización de los llamados autos chocolate entrará en vigor en Baja California, 60 días después de que está se publique en el periódico oficial del estado.
El gobernador aludió al aumento de autos irregulares a consecuencia del flujo migratorio, la necesidad de estas medidas debido a que el 85% de los delitos se efectuaron con un automóvil de procedencia extranjera, así como que en Tijuana y Mexicali, estos en general son el 56% de la contaminación del aire, dijo Molina ante el Congreso, este miércoles.
