Congreso salvadoreño aprueba ley para proteger a desplazados por pandillas

Las víctimas del desplazamiento forzado generado por las pandillas y los cuerpos de seguridad le ganaron el pulso al Estado salvadoreño y lograron que el Congreso aprobara este jueves una ley para su protección y restitución de derechos.

La aprobación de esta legislación especial, que contó con 82 votos de los 84 diputados, se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.

Dicha resolución judicial, que estableció que el sistema de protección de víctimas de violencia era "anacrónica, restringida y deficiente", se dio en respuesta a una recurso de amparo presentado en 2017 por una familia que fue víctima de las pandillas y de la Policía.

"El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares", reconoce la ley.

"PERDÓN" POR RETRASO

Tras la aprobación de la ley, el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Ricardo Velásquez Parker pidió "perdón" a las personas desplazadas por el retraso en la aprobación de la nueva ley.

"Pido perdón no solo en nombre de la Asamblea Legislativa, sino que en nombre del Estado en términos generales" por el "atropello a su dignidad", señaló el legislador en una breve intervención.

Agregó que con esta ley cumplieron la referida sentencia de amparo con "más de un año de retraso" y que "no existe justificación" para la tardanza.

PROBLEMA "BAJO LA ALFOMBRA"

Por su parte, la diputada Cristina Cornejo, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), destacó "la importancia" de la ley, pese a que durante la última administración de este partido en el Ejecutivo se negó a reconocer el fenómeno.

En septiembre de 2016, el entonces vicepresidente del país y actual secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, apuntó que no era un "tema masivo" y que "tampoco estamos en Afganistán".

René Portillo Cuadra, también legislador de Arena, aseguró que este problema se mantuvo por décadas "bajo la alfombra", en referencia a la falta de reconocimiento estatal.

Hasta antes del fallo de la CSJ, solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reconocía oficialmente el desplazamiento forzado, pero la atención y auxilio era prestado por las organizaciones sociales.

SIN FONDOS ESTABLECIDOS

Pese a que se trata de una ley especial y de "orden público", la estructura de atención que se debe crear no posee fondos establecidos en el presupuesto del 2020 y los diputados no incluyeron las propuestas de financiación presentadas por la organización Cristosal.

Mario Tenorio, diputado de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aseguró que este órgano de Estado no tiene el "alcance" para definir actualmente los fondos necesarios, por lo que se deberá determinar en el presupuesto de 2021.

El ejecutivo tiene la opción de solicitar reformas al presupuesto actual o destinar donativos internacionales a la ejecución de la ley.

Cristosal propuso al órgano Legislativo establecer que los fondos para financiar los programas podrían venir en parte del impuesto a las armas o a las telecomunicaciones que se utiliza para los planes de seguridad.

LAS ENTRAÑAS DE LA LEY

La legislación, que debe ser firmada por el presidente del país, Nayib Bukele, para entrar en vigor, establece como su principal fin "reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales" de los desplazados y de aquellas personas que "se encuentran en riesgo de serlo".

Señala que esto se realizará "mediante el establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario que incluya soluciones duraderas".

La ley reconoce el derecho de las víctimas "a retornar a su lugar de origen", a ser "protegidos contra el reclutamiento forzado por parte de las pandillas" y a la "reunificación familiar cuando por razón del desplazamiento se haya separado".

Esta legislación da vida al Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno (SINAPI).

DESPLAZAMIENTO EN CIFRAS

La ley crea un registro único de personas desplazadas por la violencia, con lo que el Gobierno generará cifras oficiales del fenómeno.

El único dato oficial que se maneja en al actualidad es que el 1,1 % de la población salvadoreña "ha sido forzada a desplazarse" entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.

Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.

Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 por ciento de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.

Cristosal y otras dos organizaciones sociales atendieron en 2019 a más de 600 víctimas.

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