SAN DIEGO - Los operativos migratorios que se realizaron en el Valle Central de California en enero, no solo generaron miedo entre la población y concluyeron con la deportación de decenas de personas.
Esta semana 5 de los afectados interpusieron una demanda en contra de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional. Activistas involucrados en la demanda indican que los agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a resguardar la frontera manejaron cientos de millas para realizar los operativos.
“Si tienen jurisdicción, pero son nuestros impuestos federales se supone que ellos están aquí en la frontera para proteger la frontera, ¿qué están haciendo manejando 300 millas a aterrorizar a comunidades trabajadoras”, declaró a Telemundo 20 Norma Chávez-Peterson quien es Directora Ejecutiva de ACLU.
Durante los Operativos Migratorios denominados “Return to Sender” activistas aseguran que se violaron los derechos constitucionales de los inmigrantes, los 5 demandantes son residentes de Bakersfield, California. Debido al litigio en curso, abogados dijeron que por el momento las víctimas no pueden hablar sobre el caso.
“Tenemos varias declaraciones por ejemplo de la Señora María donde tenía más de 20 años aquí, la pararon sin ninguna razón más que por el color de su piel y la acosaron, la arrestaron y la presionaron a firmar documentos donde ella no podía leer los detalles de los documentos y la forzaron a firmar salida voluntaria, pidió hablar con un abogado y se le negó ese derecho”, declaró Chávez-Peterson.
A lo largo de 70 páginas que conforman la demanda, detallan que el operativo duró cerca de una semana en áreas predominantemente latinas del condado de Kern, donde los agentes detenían a personas basadas en su apariencia de trabajadores agrícolas o jornaleros independientemente de su estatus migratorio, lo cual violó la Cuarta Enmienda.
Activistas tuvieron conocimiento de más de 200 personas detenidas solo en ese condado.
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“Fue estratégico, fue intencional, ¿para qué? Para promover el miedo, el terror y más que nada es violación de nuestros derechos constitucionales y los vamos a retar en la corte”, agregó la Directora Ejecutiva de ACLU.
En la demanda también especifican que los detenidos no recibieron una razón sobre su detención, tampoco el destino a donde eran enviados. Fueron detenidos en un régimen de incomunicación y engaño para que renunciaran a su derecho de ver un juez y se sometieran a una expulsión.
En un comunicado un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a Telemundo lo siguiente acerca de la demanda:
“Las acciones de aplicación de la ley de la Patrulla fronteriza están muy dirigidas. quienes trafican con personas y explotan a los inmigrantes para obtener mano de obra barata deberían tener miedo, las perseguiremos”.
Agregaron que “cuando descubren cualquier presunta o posible mala conducta la remiten inmediatamente para su investigación y cooperan plenamente con cualquier investigación penal o administrativa”.
Activistas señalan que el siguiente paso en esta querella es esperar la respuesta del Gobierno Federal ante la demanda, las esperanzas dicen, está ahora en manos del sistema judicial.
