SAN DIEGO - Por 29 años, Anthony Rodrigue, un sacerdote de origen portugués, presuntamente abusó de más de 150 niños, de acuerdo a abogados que representan a cuatro de sus presuntas víctimas.
Muchas quejas se presentaron en contra del sacerdote, lo que la Iglesia Católica resolvía al transferirlo a una nueva parroquia, según los abogados, y fue así como pasó por 10 parroquias, muchas de ellas ubicadas en localidades remotas en las que predominantemente vivían familias latinas, lo que le permitía ampliar su lista de víctimas por localidades de San Diego y San Bernardino.
Cuatro de las presuntas víctimas, ya son adultos y dijeron vivir por décadas con esta experiencia. Dos de ellas estuvieron presentes en una rueda de prensa en donde contaron su historia para pedir que estos abuses acaben.
“Uno los trata de olvidar, los pone atrás de la mente, trata seguir su vida, su carrera, y llega un punto de la vida en que ves que sigue pasando lo mismo. Esto tiene que parar, mucha gente grita el abuso de mujer y que hay con el abuso de niños que ellos no tienen voz”, dijo Marvin Mayne, quien fue presuntamente abusado entre los 8 y 11 años.
David Tirado, relató que cuando se sumó al grupo de la iglesia estaba fascinado con la idea de servir a Dios y admiraba al padre Anthony Rodrigue, y que incluso quería ser como él. Sin embargo, el día en que Rodrigue presuntamente abusó de él, todo cambió.
“Yo pensé que le fallé algo a Dios o que Dios me estaba castigando”, dijo Tirado. “Me metí mucho en drogas, alcohol, me alejé mucho de mis hijos, mi esposa, estuvo muy difícil, también de la iglesia, con mucho coraje”.
Sin embargo, ahora, ninguna de las presuntas víctimas culpa a Dios o a la iglesia, sino a las personas que tuvieron la oportunidades de detener los abusos y no lo hicieron.
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De hecho hoy, Mayne dijo que la falla en estos casos viene del nivel más alto de la iglesia.
“El papa el es el responsable porque es el que está encargado. Se me hace que él debe poder corregir cosas y no esconderlas", dijo Mayne.
María Pilar Aquino, profesora emérita de Teología de la Universidad de San Diego, dijo: “La práctica de mover a los sacerdotes abusadores a distintos lugares, incluso enviarlos a centros de rehabilitación, ha sido una práctica tradicional de la iglesia”.
Por su parte la Diócesis de San Diego hizo público un comunicado en el que dijeron: "Tenemos la obligación moral de brindar ayuda a cualquier víctima sobreviviente de ese abuso...También los invitamos a participar en el programa de compensación independiente establecido este otoño como una vía adicional que pueden usar para presentar sus reclamos legales".
Rodrigue ahora está muerto, pero en vida llegó a enfrentar cuatro años de cárcel y 30 demandas.
Su arresto se dio luego de 29 años, cuando abusó de un niño discapacitado.
Sin embargo, Mayne y Tirado son parte de una larga lista de presuntas víctimas que no tuvieron la oportunidad de reclamar justicia.
Según explicaron los representantes legales de la firma de abogados Zalkin, esta demanda será presentada en enero de 2020, gracias a un lapso especial que proporciona la ley AB 218.
Esta ley fue aprobada el pasado octubre por el gobernador de California, Gavin Newson, y permite a personas adultas, que fueron víctimas de abuso sexual infantil, intentar acciones legales, sin importar su edad actual o que ya hayan pasado los límites que establecen las leyes generales para intentar acciones legales.
Estas personas tendrán un lapso de tres años para ejercer acciones legales.
La última vez que se abrió un lapso como éste fue en el 2004.
