SAN DIEGO - EEUU falló en responder ante la corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Anastasio Hernández, muerto en la frontera hace siete años.
Su viuda no para de exigir justicia.
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"Por favor señores, ayúdenme", se escuchaba la súplica con un grito aterrador.
En mayo del 2010, en la garita de San Ysidro un grupo de agentes fronterizos golpearon y descargaron su pistola eléctrica contra Anastasio Hernández. El hecho quedó grabado en video. Hernández perdió la vida tras la paliza.
"Es una desesperación y un coraje de decir cómo puede ser posible que ellos sigan trabajando y no sigan recibiendo ningún tipo de castigo", dijo María Puga, la viuda de Hernández, .
Puga, madre de cinco hijos que tuvo con Hernández, añora justicia. Y aunque en febrero de este año un juez federal aprobara que el gobierno le pagara un millón de dólares por daños, la lucha no termina para ella.
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"Yo siempre lo dije bien claro, la vida de mi esposo no tiene precio. Eso es que el gobierno estaba aceptando su culpabilidad, pero eso no es justicia. Nosotros estamos buscando la verdadera justicia que nos digas realmente qué fue lo que pasó".
Tras el fallo, organizaciones han llevado el caso de Anastasio Hernández Rojas hasta la corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque el gobierno de EEUU tenía como límite el viernes 10 de agosto para testificar, no lo hicieron.
"Hasta nuestro conocimiento, esta es la primera ocasión en la que el gobierno de EEUU, desatiende sus obligaciones ante la comunidad internacional y sobretodo ante la comisión internacional de derechos humanos", dijo Christian Ramírez, activista de Alianza San Diego.
Según organizaciones el mensaje de la administración Trump podrá ser muy grave, y es que estará evadiendo un caso de que de no tomar las acciones necesarias, podría repetirse y quedaría exhibido internacionalmente por incumplimiento.
"Es decir que aduanas y protección fronteriza debe implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurarse que no se utilice la fuerza excesiva", dijo Ramírez.
La familia de Anastasio Hernández Rojas exige que el gobierno reconozca su culpabilidad y que procese a los responsables, además les ofrezcan una disculpa pública.
"¿Por qué el silenció, qué esconden?”, dijo Puga.
La corte interamericana de derechos humanos no tiene facultad de proceder penalmente contra el gobierno de EEUU, pero si exhibirlo como una nación incumplida.
