![Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del Estado en conferencia de prensa "mañanera" de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, este 18 de mayo.](https://media.telemundo20.com/2022/05/ivan-carpio-fiscal-de-baja-california.jpg?quality=85&strip=all&resize=320%2C180)
TIJUANA- Por los delitos de peculado y coalición de servidores públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción, se citó a una audiencia de imputación a más de 10 funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla.
Así lo anunció Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del Estado, durante su participación en la “mañanera” de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, este miércoles.
“Dando seguimiento a una investigación por presuntos actos que constituyen o pudieran constituir diversos delitos relacionados con actos de gestión de la administración anterior, es que se desprende la necesidad de citar con actos ante la autoridad jurisdiccional con el propósito de dar seguimiento al proceso de estos casos a personas relacionadas con estas gestiones”, señaló Carpio Sánchez.
Están siendo citados desde el más alto y los más altos funcionarios que estuvieron desempeñándose en la administración pasada
-el fiscal general del Estado.
“Precisamente como una forma de tener acceso a la percusión de justicia en favor del patrimonio de los y las bajacalifornianos”, destacó Carpio Sánchez, fueron citados los más de 10 ex funcionarios del gobierno de Bonilla.
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Carpio Sánchez recalcó que debido a la presunción de inocencia, no podía nombrar a los citados.
El titular de la FGE agregó en un comunicado de prensa que la solicitud al Poder Judicial del Estado se hizo en el marco de una investigación a servidores públicos de varios niveles dentro de la administración estatal que supuestamente transcurrió del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
“Se realizarán las acciones que sean necesarias para que no haya impunidad, y conseguir que los imputados sean vinculados a proceso por los actos que pudieron cometer”, señaló la fiscalía.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California, en caso de no proceder con el proceso en el Poder Judicial del Estado y no recuperar el monto desviado de manera presuntamente ilegal, se estaría arriesgando el erario público estatal por el orden de los 12 mil millones de pesos.