SAN DIEGO- La familia de Anastasio Hernández Rojas, quien fue deportado de San Diego y falleció al ser golpeado y recibir disparos con una pistola eléctrica por parte de agentes fronterizos en 2010, presentó su caso ante autoridades mexicanas en la capital del país, este martes.
Quienes han seguido el caso en San Diego, dijeron a TELEMUNDO 20 que aún se preocupan por los migrantes que sueñan por llegar a Estados Unidos y en su camino, pudieran encontrarse con la muerte, como lo hizo Hernández Rojas.
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“Se dan el lujo de maltratar a las personas, de victimizar a las personas, de violentar a las personas”, explicó Pedro Ríos, director de la organización de Amigos Americanos en San Diego.
La esposa de Hernández Rojas, también relató a TELEMUNDO 20 cómo aunque han pasado 12 años desde su muerte, el dolor permanece en casa.
“Imagínate a mí como madre, mirar a mi hijo, que por culpa de estos agentes, mis hijos sufren, mis hijos les hace falta su padre”, contó, María Puga, viuda de Hernández Rojas.
Los activistas, señalaron que aunque la familia de Hernández Rojas recibió por orden de un juez federal, un $1,000,000 por daños, los agentes nunca fueron juzgados.
“Encontrar a los agentes involucrados, culpables por sus acciones, como se terminó cualquier posibilidad en los Estados Unidos, por eso se determinó buscar una instancia a nivel internacional”, dijo Ríos.
Lo que aseguraron que ha permitido que por lo menos 250 personas más, hayan fallecido a manos de agentes en la frontera.
“Cada mes vemos más tragedias, y en los 100 años de la patrulla fronteriza ningún agente como dice María, ningún agente ha sido castigado, condenado por matar a alguien en la frontera”, señaló Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego.
Por lo que Ríos, quien sigue el caso desde San Diego, dijo que era importante seguir en la lucha.
“Va a ser la oportunidad para que los jueces entonces escuchen, determinen, si Estados Unidos como país, tiene alguna culpa en la muerte de Anastasio Hernández Rojas”, dijo Guerrero.
El gobierno de México también dio su postura en el caso.
“El gobierno de México, se opone al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de sus estatus migratorio”, informó Carlos González, cónsul de México en San Diego.
Uno que esperan se defina en una corte abierta el próximo 4 de noviembre en el condado de San Diego, pues su familia aseguró que a pesar de todo, están conscientes que nada regresará a Hernández Rojas a casa.
“La justicia no pasa en las sombra en la oscuridad, detrás de puertas cerradas, la justicia pasa en la plena luz del día”, agregó Guerrero.
“Como fue público el asesinato, tienen que ellos responder en público”, señaló Puga.
La cancillería de México agregó que veían con bueno ojos la revisión del caso por parte de la comisión interamericana de derechos humanos, un mecánicos que esperan revise el caso con perspectiva autónoma e independiente.
