TIJUANA- El gobierno de Baja California se reunió nuevamente con los residentes afectados por el cobro de las casetas en Playas de Tijuana, un hecho que ya ha generado demandas y más conflictos.
Este lunes 13 de julio, manifestantes ya no están en el kilómetro 34 de la caseta de Tijuana a Rosarito, sin embargo, la guardia nacional y la policía federal continuaron en el sitio para el resguardo y control de cualquier persona que quiera limitar el cobro de la caseta.
“Tomaron a la fuerza una caseta y utilizando a nuestras fuerzas que están para protegernos”, dijo Alejandra Ferrer, residente por más de una década de la zona aledaña a la caseta de Playas de Tijuana.
El gobierno estatal incluso interpuso una demanda contra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y las autoridades federales, el domingo por la tarde, por uso de fuerza excesiva, en la Fiscalía General de la República (FGR), y dijeron que no ha existido diálogo entre el gobierno estatal y el federal.
“El abuso de autoridad y uso ilegítimo de atribuciones de los secretarios de comunicaciones y transportes”, informó Amador Lozano, secretario general del gobierno de Baja California.
TELEMUNDO 20, también trató de obtener más información de la SCT, y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), además del comunicado donde señalaba al decreto del gobernador, Jaime Bonilla, como un acto improvisado, esto sin respuesta hasta el momento.
“Es un decreto de un gobernador, no es un decreto que yo me lo haya inventado en mi casa”, señaló Ferrer.
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La liberación de esta caseta, dijeron las autoridades es una promesa de campaña del presidente López Obrador y Bonilla.
“El compromiso de ellos es que la caseta de Playas no cobre”, dijo Lozano.
Por lo que Bonilla firmó este lunes, un manifiesto donde pide a la comunidad su apoyo para una reforma a ley de las vías generales de comunicación, señalada por Lozano, con base en la fracción 4 del artículo 71 de la Constitución General de la República, pues al final, el gobierno aseguró que no sólo espera que la caseta de playas sea liberada.
“Hemos llegado a la conclusión que ahora lo que queremos es toda la carretera desde Playas de Tijuana hasta San Miguel, sea una carretera del estado”, agregó Lozano.
Sin embargo, hasta ahora, los ciudadanos dijeron que las medidas para una solución parecen no ser las correctas.
“Ellos deberían de dar el ejemplo de hacer cosas constitucionales, cosas legales por medio de un amparo cosa, que no están haciendo así”, agregó Ferrer.
Los miembros del grupo no al cobro a residentes en la caseta de playas, dijeron que será el próximo miércoles cuando se analice junto al gobierno estatal la posibilidad de realizar una consulta ciudadana y así todos los bajacalifornianos puedan decidir si quieren que sea el estado o la federación quien controle los cobros y manejo de estas carreteras de cuota.
