SAN DIEGO- Un juez federal de San Diego se negó el martes a liberar a 34 detenidos "médicamente vulnerables" del Centro de Detención de Otay Mesa, que tiene el mayor brote de COVID-19 entre las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
El juez de distrito de Estados Unidos, Dana Sabraw, dictaminó anteriormente que un grupo de detenidos médicamente vulnerables fueran liberados, en respuesta a una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos que alega que las condiciones de hacinamiento en Otay Mesa ponen a los detenidos en grave riesgo de contraer el virus.
Más de 200 personas dieron positivo en las instalaciones desde que comenzó el brote, incluido Carlos Escobar-Mejía, de 57 años, quien se convirtió en el primer detenido de ICE en morir por COVID-19 a principios de este mes.
Si bien la mayoría de los detenidos han sido liberados desde el fallo de Sabraw, ICE pudo revisar sus antecedentes penales y decidió que 34 de ellos deberían permanecer bajo custodia "según la determinación de los acusados de que representan un peligro para la comunidad", escribió el juez.
Sabraw dictaminó que, si bien Otay Mesa todavía tiene el mayor brote de virus en la nación, la reducción en la población de la instalación y otros factores probablemente han reducido el riesgo para los que aún están detenidos.
El fallo de Sabraw que niega una solicitud de una orden judicial preliminar indica que la instalación actualmente tiene una capacidad del 38%, y que los 34 detenidos en cuestión están repartidos por toda la instalación.
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El juez escribió que 30 de esos detenidos se encuentran en unidades de vivienda sin casos positivos.
Sabraw escribió que los cuatro detenidos restantes se encuentran en una unidad que tiene una capacidad del 12%. Tres de los cuatro detenidos dieron positivo por COVID-19 antes de que se emitiera su orden TRO, pero desde entonces se han recuperado. El cuarto detenido "puede estar en mayor riesgo, pero otros factores mitigan ese riesgo", escribió Sabraw.
El juez dijo que Otay Mesa ha tomado medidas para mitigar el riesgo de una mayor propagación, incluida la suspensión de nuevas admisiones de detenidos, el control de personas que ingresan a las instalaciones, el aumento del saneamiento, el suministro de máscaras a los detenidos y la exigencia de que los empleados usen equipos de protección personal.
Además, Sabraw escribió que, a diferencia de los detenidos previamente liberados, el gobierno tenía un interés adicional en "proteger a la comunidad", al considerar a los 34 detenidos restantes.
A principios de este mes, Sabraw también negó una solicitud de la ACLU para liberar a los reclusos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que son considerados una población vulnerable, citando una ley que limita la capacidad de los reclusos bajo custodia penal de presentar demandas en un tribunal federal, imponiendo ciertas restricciones a las solicitudes de liberación de reclusos cuando se trata de las condiciones de su detención.
