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“Libertad para todos”: Campaña busca asesoría legal para inmigrantes en lugar de detención en EEUU

En el 2020 a los contribuyentes les costó alrededor de mil 500 millones de dólares diarios, transportar y deportara las personas detenidas.

Telemundo

SAN DIEGO- En lo que va del presente año fiscal, CBP informó que han encontrado a más de 700,000 inmigrantes intentando ingresar sin documentos a Estados Unidos.

En medio de la crisis humanitaria y migratoria por la que atraviesa Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, una campaña pro-inmigrante en Estados Unidos le pide al Congreso que no destine más recursos para los centros de detención.

“Libertad para todos, representación universal”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo, Alianza Américas.

Ese es el objetivo de la campaña denominada “Libertad para todos”. En referencia a aquellos inmigrantes que estén enclaustrados en centros de detención en Estados Unidos.

“Es una campaña que busca desafiar es narrativa tóxica que ha sido dominante por tanto tiempo. Y proponer la idea de que ninguna persona debería ser privada de libertad por haber cometido una infracción migratoria, y a la vez debería tener una representación legal pagada por fondos públicos para asegurar poder navegar en la tan terrible ley migratoria que tenemos vigente desde por lo menos 1996”, agregó Chacón.

Esta petición a la administración Biden, de Alianza Américas, una red de 55 organizaciones pro-inmigrantes en 18 estados ve la luz después de la aprobación por el Congreso del presupuesto federal para el año fiscal 2022.

De acuerdo con la organización, los casi dos mil millones de dólares que el Departamento de Seguridad Nacional gasta anualmente en camas de detención debería ser reubicado.

“Que cuente con representación legal, mientras no podamos conseguir que se supere la ley hoy vigente”, dijo Chacón.

El inmigrante venezolano, Edison Calderón, conoce bien lo que es pasar meses en un centro de Detención, como el de Otay Mesa.

“Ahí vi personas que intentaron suicidarse, vi personas que se volvieron locos mentalmente porque es algo muy fuerte”, dijo el inmigrante venezolano. 

Según los panelistas que hablaron este lunes en una conferencia de prensa virtual, de 2015 a 2018, Inmigración y Control de Aduanas pagó a empresas privadas 3 mil millones de dólares.

“Si usaran este dinero para capacitar personas, crear un sistema donde sea en la frontera que a la persona se le atienda su caso, se le evalúe su caso, se les diga puedes entrar o no, se podría evitar mucho sufrimiento y que las mafias sigan haciendo su negocio en las fronteras”, dijo Calderón.

Además, informaron que en el 2020 a los contribuyentes les costó alrededor de mil 500 millones de dólares diarios, transportar y deportara las personas detenidas.

CBP informó que en el 2020 encontraron a casi 647,000 inmigrantes, en el 2021 casi llegaron a los 2 millones.

“Obedece a una narrativa que arrancó hace décadas, no es una narrativa que Trump trajo, que nació ayer. Que sugiere que las personas migrantes, que no somos blancos, somos como un tipo de cáncer para el país. Y que la migración como un proceso social es algo dañino”, agregó Chacón.

A la par de esta petición a la administración Biden, el gobierno federal anunció que el título 42 ya se aplicará a niños migrantes que viajen solos y soliciten asilo político en la frontera.

La medida inició desde la administración de Trump

“Las razones por las cuales los niños mexicanos en particular, ni siquiera se registran en los sistemas de conteo de personas detenidas o deportadas, es porque desdichadamente desde hace mucho tiempo se acordó que los niños mexicanos ni siquiera iban a hacer contabilizados”, dijo Chacón.

Según la campaña, mientras Europa se enfrenta a la crisis migratoria masiva de Ucrania, es más importante que nunca contar con políticas que acojan y protejan a los solicitantes de asilo y los migrantes. Y también pide que el Congreso debe utilizar parte del presupuesto de detención del Departamento de Seguridad Nacional para financiar un programa de representación legal universal que garantice asesoría legal a quienes enfrentan procesos de deportación.

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