TIJUANA- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California inició una lucha jurídica contra el gobierno estatal, esto informaron, como consecuencia de las modificaciones en su reglamento, que aseguraron realizó el secretario de gobierno para poner a un mayor número de funcionarios públicos y un número menor de ciudadanos.
En los cambios finales informaron que quedaron ocho consejeros ciudadanos y 10 gubernamentales, lo que aseguraron desaparece la mayoría representativa ciudadana, un hecho que el secretario de gobierno negó.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Diego aquí.
“De manera autoritaria y sorpresiva, el documento publicado, fue cambiado en su publicación por el secretario general de gobierno, el licenciado amador rodríguez lozano, adicional a algunas irregularidades que el documento publicado presenta, los cambios hechos por el licenciado rodríguez lozano, le quitan la mayoría ciudadana a nuestro consejo, desintegrando la voz y voto que los ciudadanos debemos tener”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
“Queremos aclarar el señor Hernández Niebla se sobre limita, hace un enorme escándalo de un tema que no ameritaba este escándalo, creo que quiere conseguir atención pública, ya la consiguió, pero le quiero decir que miente, porque nosotros no tenemos mala fe ni siquiera queremos conculcar los derechos del consejo, todo lo contrario”, dijo Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno.
El funcionario agregó que analizarán la crítica específica sobre la mayoría de funcionarios sobre los ciudadanos, en este consejo, sin embargo, aunque reconoció que tuvo una llamada con el presidente del consejo, no se han hecho señalamientos concretos.
La importancia de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en Baja California, es generar un contrapeso con el gobierno, así como emitir opiniones o propuestas para iniciativas de ley, elaborar encuestas en materia de seguridad y promover la cultura de legalidad.
