La norma exige a las empresas de servicios financieros que ofrecen cambio de cheques, transferencias bancarias, giros postales y otros servicios que presenten informes sobre transacciones monetarias por encima de $200.
SAN DIEGO - La orden de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, entró en vigor el pasado lunes. Se trata de una orden geográfica dirigida a combatir el lavado de dinero y la actividad de los cárteles a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.
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MIRA AQUÍ GRATIS La orden se aplica a 30 códigos postales de California y Texas, incluidos siete del condado de San Diego, desde la frontera hasta el centro de San Diego y al norte de Clairemont y Mira Mesa: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173.
La nueva norma exige a las empresas de servicios monetarios que ofrecen cambio de cheques, transferencias bancarias, giros postales y otros servicios que presenten informes sobre transacciones monetarias por encima de $200. Antes, ese umbral era de $10.000.
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SUSCRÍBETE "Es bastante ridículo porque son $200", dijo Fiona Ortega, quien trabaja en el negocio de su madre, Esperanza Gómez Escobar, Novedades y Servicios Plus, en Southcrest. "No se van a volver delincuentes".
Calculan que el 98% de sus clientes realizan transacciones de más de $200. Cada CTR tarda entre 15 y 25 minutos en completarse y dijeron que muchos clientes no quieren compartir los datos personales que ahora se requieren, como su número de Seguro Social.
"Nos ha retrasado porque la gente no quiere facilitar toda su información. Es información delicada", dijo Ortega.
Local
Gómez Escobar ha interpuesto una demanda para detener la orden, alegando que la recopilación de datos es inconstitucional.
"El problema es que no se les permite tomar grandes cantidades de información de esta manera sin causa probable", declaró Katrin Márquez, abogada de Gómez Escobar. "La Cuarta Enmienda de la Constitución dice que el Gobierno no puede registrarte a menos que tenga una causa probable, a menos que haya una razón para sospechar que has cometido un delito o que tenga una orden judicial. Aquí FinCEN tiene ninguna de esas cosas. FinCEN es esencialmente sólo el uso de una búsqueda de arrastre para ver lo que está pasando sin ninguna sospecha individualizada".
Márquez dijo que están buscando una orden de restricción temporal para suspender la norma, mientras que la demanda avanza a través del sistema legal y finalmente se solicitará al tribunal que declare la regulación inconstitucional.
Un funcionario del Tesoro dijo que el departamento no puede hacer comentarios sobre el litigio en sí, pero FinCEN está "comprometido a trabajar con los MSB para asegurarse de que entienden sus requisitos de información y son capaces de cumplir" con la orden.
El funcionario del Tesoro también dijo que la frontera suroeste "en particular es un punto de vulnerabilidad" para "los cárteles de la droga y los profesionales de lavado de dinero que financian el fentanilo y otras actividades de narcotráfico".
La orden es temporal, con una duración de 180 días. Pero Márquez dijo que el FinCEN podría prolongarla. A Ortega le preocupa que pueda ampliarse.
"Por ahora sólo la están aplicando en las fronteras. Pero esto podría ser algo que afecte a todo el mundo algún día", dijo Ortega. "Si no ponemos freno a esto, el siguiente podrías ser tú".
