SAN DIEGO- El líder de la minoría en el senado Brian W Jones de California llegó junto a otros políticos y miembros de la comunidad a San Diego, para presentar la propuesta de ley SB-554, que ordena a las autoridades locales colaborar con ICE para la detención de delincuentes que representan un riesgo y no cuenten con documentos en Estados Unidos.
El departamento del alguacil, colocó una barrera humana entre quienes participaban en las dos conferencias a las afueras de las oficinas de la junta de supervisores.
A 9:00 a.m. activistas y trabajadores en San Diego se opusieron a la propuesta de ley SB-554.
“Hay mucho miedo en las comunidades, hay mucha dificultad en lo que está pasando, nadie sabe lo que va a pasar con este cambio de leyes y como está operando el gobierno federal”, dijo Alor Calderón, director del Centro de Derechos para los Trabajadores en San Diego.
Trabajadores de limpieza en San Diego, dijeron sentir el temor entre los pasillos de los hospitales ante la amenaza de que deporten a quienes no tienen un estatus legal en el país.
“La gente anda con mucho miedo y a veces no quieren ir a trabajar y más ahora que nos dijeron que llevaron papeles, que se puede entrar a revisar la documentación de uno, pues la gente trae más miedo”, explicó Maria Becerra, trabajadora de limpieza en San Diego.
A las 10 a.m. y apenas divididos por una fuente y el departamento del alguacil, los coautores de la ley SB-554 entre gritos de los manifestantes, aseguraban que esta propuesta es necesaria ante la protección que existe a los migrantes que cometen delitos en California, derivado de la ley santuario SB-54.
“Cuanto estas políticas extienden las protecciones a los criminales violentos, pierden la confianza pública y ponen en riesgo la seguridad de todos los residentes”, dijo Rosilicie Ochoa Bogh, senadora de California.
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Incluso víctimas de criminales indocumentados llegaron para hablar de sus casos.
“Estoy aquí para apoyar a los legisladores, líderes comunitarios y conciudadanos para que examinen en profundidad las políticas de santuario y consideren las consecuencias no deseadas que generan. Necesitamos un sistema que priorice la seguridad y la justicia por encima de las agendas políticas, un sistema que garantice que las personas que cometen delitos enfrenten las consecuencias apropiadas independientemente de su estatus migratorio. Y en el caso de mi hija, eso no ocurrió”, dijo en conferencia de prensa, Sharie Finn, madre de familia y fundadora de The RAD.
TELEMUNDO preguntó a la senadora y coautora de la ley si, si propuesta realmente pretende enfocarse específicamente a quienes cometieron crímenes, o si podría haber deportaciones colaterales y esto fue lo que nos dijo.
“Cuando hay estados con estatus santuario como el de nosotros, cuando el gobierno federal viene con el intento de detener a estas personas, las personas que están alrededor porque no estamos comunicando con ellos, dándoles exactamente, identificando a las personas que son bajo esa definición, todos los que están alrededor quedan atrapados en ese sistema y son deportados”, respondió Rosilicie Ochoa Bogh la senadora.
Sin embargo, su aprobación debe pasar por un largo camino entre comités, cámaras y el gobernador; proceso que podría prolongarse hasta septiembre.
“Una vez que pase por el comité, se va a al senado para que vote y de ahí se va a asamblea, en la asamblea igualmente se va a los diferentes comités que los asignan y de ahí para la asamblea”, explicó Rosilicie.
Agregó que, de haber cambios en la ley SB-554, esta regresará al Senado para votarse nuevamente y finalmente a la oficina del gobernador para su firma, algo que aseguraron los activistas será muy poco probable.
“Es muy poco probable que pueda avanzar, dado que no tienen la mayoría en el estado y quienes radican en el estado de California no piensan que es una medida que debe ser parte de los valores que representa el estado de California”, concluyó Pedro Rios, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego.
