TIJUANA- Este miércoles, la asociación de policías en Tijuana destacó que se habían incumplido con los compromisos del gobierno municipal que les hicieron para dar mejores prestaciones a los oficiales que trabajan en la segunda ciudad más violenta de México.
Y fue desde la misma explanada donde en su momento la alcaldesa, Karla Ruiz Macfarland, el secretario de seguridad y regidores prometieron a los oficiales ayudarían a las viudas y darían mejores planes de jubilación, y este miércoles, los oficiales llegaron para reclamar que esto no ha sucedido.
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La asociación de policías en Tijuana aseguró que al momento hay un promedio de 2,549 oficiales afectados, aquellos que no tienen un buen plan para su retiro, así como apoyos para las familias en caso de perder a un policía mientras trabaja, o si quedan con una discapacidad como consecuencia de los riesgos de este empleo.
“Nos incumplieron, nos prometieron y no nos cumplieron, nada más como dicen nuestros compañeros, nos dieron atole con el dedo, en esta ocasión la diferencia es que tenemos todo documentado, cada escrito que metimos a los regidores, luego solicitamos contestación por constitución, nunca nos contestaron”, dijo Noé Ramírez, presidente de la Asociación de Policías en Tijuana.
La asociación de policías agregó que al momento en Tijuana, no hay policías suficientes ante la falta de oportunidades, donde solo existen un promedio de 0.3 oficiales por cada 1,000 habitantes, cuando en teoría deberían ser 2.8 oficiales por cada 1,000 personas, de acuerdo a las recomendaciones de la ONU.
Y este miércoles solicitaron nuevamente que se implemente un sistema de pensiones y se de a los oficiales todo lo que se necesitan para desarrollar mejor su función.
La asociación agregó que al momento, 40 familias de oficiales han sido afectadas por pérdidas a consecuencia del COVID-19, y 80 afectadas por muertes mientras desarrollaban su trabajo en los últimos 10 años, por lo que dijeron que esperaban que la siguiente administración si les cumpla sus demandas.
Local
La asociación agregó que el Congreso autorizó un presupuesto de 400 millones para beneficios de la policía, lo cual sólo necesitaba la autorización del gobernador Jaime Bonilla, para que se hiciera uso del recurso.
