TIJUANA- Este viernes las manifestaciones en la caseta de playas de Tijuana continuaron, un grupo no quiere cobro y otro sí, sin embargo, hoy los activistas fueron más allá en el sitio, cuando entre cientos de autos que transitaban por la caseta de playas de Tijuana, los manifestantes comenzaron a quemar una piñata con la imagen del secretario de comunicaciones y transporte (SCT) Javier Jiménez Espriú y también arrojar globos con agua a los muros frente a elementos de la Guardia Nacional.
“Inconformes por lo que paso, porque Bonilla ya había entregado las casetas al estado y a los dos días resulta que siempre no”, dijo desde la manifestación Selene Dávalos, líder del grupo Tijuana se defiende.
Entre agua que caía cerca de los elementos de la guardia nacional, banderas de México y las llamas que consumían la imagen del secretario, los activistas dijeron no descansaran, hasta que el cobro de 39 pesos sea eliminado al utilizar la caseta, por lo que buscan más personas se sumen al movimiento.
“Inclusive van a llegar las familias de aquí residentes de playas de Tijuana y estamos convocando a todos”, dijo Sergio Tamai, activista en Tijuana
Un desacuerdo entre el gobierno estatal y federal, que de no resolverse, aseguran les llevará a incrementar el nivel de intensidad de las manifestaciones por lo que amenazaron a la Guardia Nacional con regresar durante el sábado 11 de julio con una cantidad más grande de personas de no liberar nuevamente el cobro.
“Y cuando veamos un suficiente grupo, entonces vendrá el enfrentamiento, con la liberación total”, agregó Tamai.
Mientras el gobernador de Baja California viajó a ciudad de México y dijo habló con el secretario de seguridad y protección ciudadana sobre las acciones de la Guardia Nacional, quien durante el jueves detuvo a tres manifestantes, hoy dicen las autoridades no sé sabe qué pasará con la caseta y se encuentran en diálogos para llegar a un acuerdo.
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“La federación por su parte comenta en el sentido de que no existe tal decreto para ellos, no llega a sus normatividades y el estado por otra parte dice yo tengo la autoridad para hacerlo y de alguna manera están justificando la creación de esta caseta”, informó Isaías Bertín, representante de la secretaría de seguridad federal en Baja California.
El gobernador Jaime Bonilla, se sumó a los manifestantes, al solicitar al presidente de México, la renuncia del secretario de comunicaciones y transporte.
“Yo le estoy pidiendo que le diga a la Guardia Nacional que se retire de la caseta, como debe ser y que nos vamos a los juzgados y si ahí ganan, pero también le estoy pidiendo al congreso de Baja California que presente un exhorto, una iniciativa y mandársela al congreso federal para expropiarles la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos”, aseguró Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.
Pues su decreto hasta este viernes 10 de julio no tiene efecto y mientras los manifestantes se preparan para más, decenas de elementos del ejercito y la policía federal continúan en resguardo del sitio, y advirtieron a los manifestantes, podría haber más arrestos, pues el cobro de la caseta continuará
“Si caen en una conducta que la normatividad y las leyes esté catalogado como delito o falta administrativa serán puestos a disposición de la fiscalía general de la república”, les dijo a los manifestantes, Juan Carlos Moran, comisario de la guardia nacional en Baja California.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció este miércoles que el decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasen a la posesión del gobierno de Baja California, para ya no cobrar cuotas de peaje a los residentes y automovilistas, sería presuntamente ilícito.
En la madrugada del jueves elementos de la Guardia Nacional, la Armada y la Marina tomaron la caseta por orden de la SCT.
Sin embargo, manifestantes que decían que apoyaban al gobierno de Jaime Bonilla llegaron a tratar de volver a recuperarla, y fueron detenidos por elementos de la policía federal y la Guardia Nacional el jueves.
“Nos encontramos con una autoridad excesiva que llegó en la madrugada, como los delincuentes, a quitarle al gobernador la caseta, después de que ya fue publicado un decreto”, Mónica Jiménez del Movimiento “No al Cobro a Residentes en Caseta de Playas”.
Los residentes que viven en la zona aseguraron que pagan un promedio de $53 ($1,200 pesos) semanales para transitar por la caseta al trabajo o a la escuela.
La liberación de la caseta fue una de las promesas de campaña del gobernador y parecía que lo iba a cumplir, hasta que el gobierno federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró el acto como ilegal y aseguraron en un comunicado violaba la constitución, por lo que reinstalaron el cobro y arrestaron por lo menos a tres manifestantes.
Uno de los hombres detenidos que acudió al lugar expresó al tiempo que era arrestado por los agentes federales “Me declaro preso político, señores”, dijo.
“Por la promesa que hizo mi gobernador, porque creo en mi presidente AMLO que primero los pobres”, agregó sobre sus razones de acudir a la caseta para intentar retomar la caseta.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla hizo el anuncio el martes en la tarde y firmó el decreto mencionado frente a un grupo de vecinos y algunos medios de comunicación, en un evento que pudo ser visto en vivo a través de la página del funcionario en Facebook, el martes por la tarde.
Tras la firma, el funcionario fue visto en un acto que simbolizó la “liberación” de la caseta de cobro ubicada en el área de Playas de Tijuana.
Y este miércoles, las autoridades del SCT dijeron que fue un “acto improvisado”, y que consideran que el mencionado decreto “viola la constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas”.
La SCT también señaló que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero.
Mientras tanto, el gobernador viajó a la Ciudad de México, pero aseguró que continuaría persiguiendo el tema a su regreso.
