SAN DIEGO - La ex concejal de la ciudad de Chula Vista Andrea Cárdenas, quien se declaró culpable de dos cargos de hurto mayor por haber obtenido en forma fraudulenta fondos de ayuda para la pandemia y beneficios de desempleo, fue sentenciada el miércoles a dos años de libertad condicional y a que se le acredite el tiempo cumplido por un día que pasó bajo custodia.
Cárdenas, de 32 años y su hermano, Jesús Cárdenas, admitieron haber obtenido fraudulentamente un préstamo de $176, 227 dólares del Paycheck Protection Program a principios de 2021 para su empresa de consultoría política, Grassroots Resources. El dinero estaba destinado a respaldar la nómina de 34 empleados que en realidad trabajaban para un dispensario de marihuana que era cliente de Grassroots.
Los dos utilizaron los fondos en gastos personales, incluido un cheque de $33, 500 dólares para la campaña electoral de Andrea Cárdenas y $21,000 dólares que Jesús Cárdenas debía a American Express, indicaron los fiscales.
Posteriormente se añadieron cargos adicionales por apropiarse de fondos del Departamento de Desarrollo del Empleo estatal mientras ambos estaban empleados.
Cárdenas y su hermano han sido condenados a pagar más de $ 176,000 dólares a la Administración de Pequeños Negocios y más de $ 28, 000 dólares al Departamento de Desarrollo de Empleo.
Otro importe de indemnización a la Franchise Tax Board relacionado con la no presentación de declaraciones fiscales se determinará en el futuro. Su sentencia también incluye la obligación de realizar 100 horas de trabajo voluntario con alguna organización sin fines de lucro.
La sentencia de Cárdenas se produjo unos cinco meses después de que su hermano fuera condenado a dos años de libertad condicional y 180 días de arresto, pasando el tiempo de custodia en el programa de permiso de trabajo y arresto domiciliario. Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, se desestimaron otros seis cargos de conspiración, lavado de dinero y no haber presentado declaraciones de impuestos.
En una declaración pronunciada ante el tribunal, Andrea Cárdenas dijo: "No hay justificación ni excusa para los errores que he cometido y a los electores que han depositado su confianza en mí, les he fallado. Por ello, lo siento mucho. Sólo puedo decir que soy humana y que siempre lamentaré estas acciones".
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Los fiscales solicitaron una pena de seis meses de cárcel en la audiencia de sentencia celebrada este miércoles, mientras que el abogado defensor, Pedro Bernal, afirmó que esa pena sería desproporcionada para este tipo de delito. Señaló que Cárdenas se declaró culpable anticipadamente, no tiene antecedentes penales y ambas partes manifestaron que Jesús Cárdenas tuvo un papel protagónico en los delitos.
"Perder el trabajo, una caída en desgracia significativa y el fin de una carrera política es un castigo en sí mismo", argumentó Bernal.
La fiscal adjunta Chandelle Boyce dijo que, aunque Jesús Cárdenas era " el actor principal" en el caso y ejercía influencia por ser su hermano mayor y el jefe de Grassroots Resources, Andrea era muy consciente de las implicaciones del fraude.
El fiscal dijo que Cárdenas presentó documentación sobre las nóminas para respaldar la solicitud de préstamo a la Paycheck Protection Program y que sabía que parte de los fondos recibidos se utilizaron para pagar la deuda de su campaña.
Andrea Cárdenas dimitió del ayuntamiento poco antes de declararse culpable. Alrededor de un año antes de las declaraciones de culpabilidad, Jesús Cárdenas dimitió de su cargo como jefe de personal del concejal de San Diego Stephen Whitburn mientras se planteaban preguntas sobre el préstamo de la Paycheck Protection Program y sobre si el doble papel de Cárdenas en Grassroots y en la ciudad suponía un conflicto de intereses.