TIJUANA- Los derechos humanos son universales y no distinguen de nacionalidades o color de piel, eso lo tienen claro migrantes que ya se quedaron a vivir en Baja California, pero denuncian que quienes presuntamente no lo saben, son las instancias de gobierno.
Migrantes asentados en Tijuana solicitan a las autoridades del estado una reforma a la ley para erradicar la discriminación.
“Son seres humanos, obviamente tienen emergencias, tienen derecho a acceder a estas entidades de salud; sus derechos son violados, no se les atiende porque no tienen un documento”, indicó Brigitte Baltazar, coordinadora comunitaria de migrantes.
A través del Parlamento Migrante solicitaron a las autoridades del estado que se les respeten sus derechos.
Paola Morales, presidenta del Parlamento Migrante dijo que “siempre se nota mucho la discriminación, la no atención es las escuelas públicas, les niegan el acceso a la educación, igual a todos los migrantes en general”.
La petición se da en días donde de acuerdo con ellos, se ha tenido un mayor flujo migratorio de personas que vienen de diferentes países, esto por el fin del título 42 en Estados Unidos, y previenen que algunos se quedarán en esta zona del país.
“Es un fenómeno yo lo llamo espiritual porque hay muchas personas que vienen en una travesía tan larga a buscar el sueño ‘americano’ pero resulta que ese no era su sueño entonces es el sueño mexicano, los que vengan bienvenidos, los que decidan quedarse en Baja California, México, bienvenidos”, agregó la presidenta del Parlamento Migrante.
Al respecto, Román Cota, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso de Baja California, informó que ya se trabaja en dicha iniciativa que incluirá otros aspectos como seguridad, salud, educación, acceso a trabajo digno y acceso a servicios de vivienda.
“Un punto importante de acuerdo que tomamos fue que el parlamento migrante en conjunto con el Congreso del Estado, van a impulsar una campaña de difusión de los derechos de los migrantes a través de tres vertientes”, mencionó.
Se trata de la colocación de carteles en instancias de gobierno con la información de sus derechos, así como cartillas a difundirse en los albergues y capacitación para servidores públicos en el trato a los migrantes.
