El Gobierno mexicano usaría "empresas fantasma" para desviar recursos millonarios, reveló el lunes una investigación periodística que detectó contratos ilegales por más de 7,670 millones de pesos ($429 millones).
La investigación, llamada "La estafa maestra", es producto de meses de trabajo de periodistas del medio digital Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Los resultados del estudio indican que el Gobierno mexicano se ha servido de 11 dependencias para echar a andar una y otra vez el esquema de las empresas ficticias para desviar recursos.
"Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, (...) detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones ($192 millones)", dice el medio.
Los 7,670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, "pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen".
Según la investigación, en este esquema fraudulento estarían involucradas la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular (2012-2015); el Banco Nacional de Obras, con el actual gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, al frente (2012-2015), y Petróleos Mexicanos (Pemex), en la gestión de Emilio Lozoya (2012-2016).
El fraude "es más sofisticado" que el que habría usado Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz hoy preso por diversos delitos, ya que el Gobierno no entrega directamente los contratos a las firmas, sino que utiliza como intermediarias a ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, según la investigación.
México
La publicación indicó que este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
