El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el martes el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para responder a la "amenaza imperial" de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca amenazara al país con "fuertes y prontas" sanciones económicas de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente.
"He decidido activar el Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al 323 de la Constitución, para responder integralmente la amenaza Imperial (...) La respuesta será muy firme, en defensa del Patrimonio histórico Anticolonial y Antiimperialista de nuestra Patria", escribió Maduro a través de su cuenta en Twitter.
El mandatario aseguró que a Venezuela "no le da órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero".
Venezuela informó este martes que revisaría su relación con Estados Unidos en respuesta al pronunciamiento que realizó ese gobierno al advertir que aplicaría sanciones económicas de seguir adelante con el proceso para reescribir la constitución.
El canciller venezolano Samuel Moncada consideró la postura de Washington como una "brutal amenaza" y una "violación al derecho internacional" e indicó en una transmisión de la televisora estatal que "nada ni nadie" detendría el proceso constituyente.
"El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional", dijo Moncada al leer un comunicado del gobierno en el que se acusó al gobierno de Donald Trump de estar parcializado con los sectores venezolanos que utilizan el "terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático".
"El pueblo responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista", agregó.
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Washington emitió el comunicado un día después del simulacro de consulta que realizó la coalición opositora contra la Asamblea Nacional Constituyente, en el que 7,6 millones de venezolanos rechazaron la iniciativa que impulsa Maduro. Trump manifestó su apoyo a la iniciativa de la oposición y sostuvo que esas acciones son ignoradas por un "un mal líder que sueña con convertirse en un dictador".
"Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona", dijo Trump en el comunicado, y planteó que si Maduro impone la Asamblea Constituyente, Washington tomará "fuertes y rápidas sanciones económicas".
Washington no precisó qué acciones podría tomar contra Venezuela. Ambos países mantienen una intensa relación comercial, especialmente en el sector petrolero. Venezuela exporta un promedio de 700,000 barriles diarios de crudo a Estados Unidos, uno de los sus principales mercados.
A pesar de la tensión política, Maduro ha mantenido la iniciativa de instalar la Asamblea Constituyente en agosto tras la elección de sus 545 miembros el 30 de julio. Entre sus primeras tareas tendrá la revisión del Ministerio Público y la posible remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Horas antes del pronunciamiento de Moncada sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos, Ortega Díaz advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su despacho podría repetirse un ataque como el ocurrido a comienzos de mes, cuando unos 200 presuntos simpatizantes del gobierno tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y objetos contundentes a congresistas y empleados.
En un documento de 24 páginas, la funcionaria actualizó el 15 de julio su solicitud del mes pasado para que la CIDH le extienda protección a ella, su familia y sus subalternos alegando que el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios del partido oficialista la han intimidado y amenazado.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana y a la CIDH, sin obtenerlos de inmediato.
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Ortega se enfrentó al gobierno de Nicolás Maduro al rechazar el proceso de reforma de la constitución y solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
Más tarde, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó, en un mensaje grabado su respaldo a la consulta opositora y dijo que la comunidad internacional y el sistema político venezolano deben apoyar el pronunciamiento que hicieron los venezolanos en el simulacro de votación del pasado 16 de julio contra el proceso constituyente.
