WASHINGTON — El presidente venezolano Nicolás Maduro apoyó el viernes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Congreso en un polémico fallo que incluso fue criticado por la fiscal general de la nación y que según la oposición busca darle poderes plenos al gobernante.
En su primera aparición pública luego que el máximo Tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, se atribuyera el miércoles las funciones del Congreso, Maduro manifestó: "en Venezuela hay plena vigencia de la constitución, de los derechos sociales, civiles, políticos... de los derechos humanos".
"La única ruptura del orden constitucional la encabezó la derecha fascista", dijo Maduro en alusión al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
Maduro también acotó que asumirá la responsabilidad de resolver cualquier disputa entre las diferentes instituciones del gobierno y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de la Nación para discutir el impasse entre los poderes públicos del país el viernes en la noche.
A pesar de las críticas que generó la sentencia delTribunal en el ámbito local e internacional, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro no había dicho nada al respecto sino hasta ahora.
El viernes por la noche, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que el lunes 3 de abril celebrará una reunión extraordinaria para considerar la situación. La sesión del Consejo Permanente se llevará a cabo en la sede del organismo en Washington y fue convocada a petición de 20 de sus miembros.
Horas antes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expresó preocupación y condenó el dictamen y afirmó que las recientes decisiones del Tribunal evidencian violaciones a la Constitución. Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos democráticos" de respeto a la constitución y se rescate la pluralidad. Su declaración fue sorpresiva porque había sido percibida como una estrecha colaboradora del gobierno socialista.
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Las críticas internacionales han ido en aumento y el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación.
Paralelamente, la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales.
"Hemos entrado en una etapa de resistencia", dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista. Aunque la Sala Constitucional del máximo Tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un "desacato" del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
En Caracas, decenas de universitarios al grito de "¡Libertad!" se apostaron a las puertas del Tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. También algunos periodistas resultaron afectados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros "fuertemente golpeados".
"Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban", agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que "si se rompe la división de poderes se rompe la democracia".
En tanto, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur "ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela". En diciembre pasado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del bloque por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud y consideró que la democracia venezolana está "claramente vulnerada".
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendiera, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
