Después de demandar repetidamente al gobierno del presidente Donald Trump por las políticas federales de inmigración, California se encontró el miércoles en una posición fuera de lo común: defender las protecciones con las que cuenta el estado para las personas que residen ilegalmente en Estados Unidos frente a una impugnación judicial presentada por el gobierno federal.
En Sacramento, el juez federal John Méndez comenzará a escuchar los argumentos de los abogados del estado y del Departamento de Justicia federal sobre una solicitud federal para bloquear tres leyes de California. No se espera que el juez falle próximamente.
Una de las leyes californianas impugnadas exige que las autoridades del estado revisen los centros de detención donde hay inmigrantes recluidos. Otra impide que las fuerzas de seguridad estatales proporcionen fechas de liberación e información personal de las personas detenidas. La tercera impide que los empleadores permitan la entrada de agentes de inmigración a sus instalaciones a menos que tengan una orden judicial.
Las leyes de California _dos de las cuales entraron en vigor en enero_ hacen frente a las promesas del presidente Trump de aumentar las deportaciones. El gobierno federal ha tratado de tomar medidas enérgicas contra las jurisdicciones donde se aplican políticas “santuario”, como la restricción de fondos federales si se siguen negando a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a los inmigrantes.
California, que este año se convirtió en el segundo "estado santuario" del país, se ha resistido. El gobierno del estado ha presentado más de 50 demandas contra la administración Trump, en su mayoría por decisiones de inmigración y ambientales, y ha logrado algunas victorias significativas en los tribunales.
La audiencia del miércoles ocurre en medio de un escrutinio nacional hacia la política de "tolerancia cero" del gobierno federal contra los cruces ilegales de personas hacia Estados Unidos, dejando a cientos de niños separados de sus padres.
