El Concejo de la ciudad de San Diego tiene previsto votar el martes sobre si unirse a una demanda de California en contra de la Comisión de Límites Internacionales de Agua (IBWC, por sus siglas en inglés) por el flujo de aguas residuales de Tijuana, México, a Estados Unidos.
El alcalde, Kevin Faulconer, y la concejal Vivian Moreno hablaron públicamente el lunes para antes del voto en sesión cerrada para recalcar las razones de por qué se deberían unir a la demanda estatal.
"Unámonos a esta demanda y ayudemos a solucionar este problema de una vez por todas", dijo el alcalde en la conferencia de prensa a lo largo del estuario del río Tijuana, que lleva un aviso del Departamento de Salud Ambiental desde el 29 de noviembre debido a la escorrentía contaminada.
"Hemos pasado mucho tiempo en el frente diplomático en los últimos años y ahora es el momento de actuar", dijo Faulconer.
Esa acción necesaria, según el alcalde, es unirse a la demanda del fiscal general Xavier Becerra para obligar a la IBWC a proporcionar fondos para una solución.
Becerra y la Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de San Diego están demandando a la sección de Estados Unidos de la IBWC por reclamos de que la agencia no está administrando adecuadamente los flujos contaminados por aguas residuales a través de la frontera.
La demanda alega que millones de galones de desechos, incluidas las aguas residuales sin tratamiento, la basura, los pesticidas y los metales pesados se han descargado de las instalaciones de tratamiento de la IBWC en violación de la Ley de Agua Limpia.
Las costas de la playa Imperial y el estuario de Tijuana a menudo están cerradas al público después de derrames en el lado mexicano de la frontera, y también debido a la escorrentía contaminada después de la lluvia. La demanda alega que las playas en Imperial Beach están cerradas alrededor de 150 días al año debido a la escorrentía contaminada.
Los cierres a veces se extienden hacia el norte hasta Silver Strand State Beach y Coronado.
La demanda solicita al tribunal que obligue a la IBWC a cumplir con la Ley de Agua Limpia y el permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminación (NPDES).
En una petición para para desestimar la demanda, los abogados federales argumentaron que el IBWC no es responsable de los millones de galones de aguas residuales sin tratamiento y parcialmente tratadas que fluyen hacia el Océano Pacífico desde el área de Tijuana.
La IBWC "no ha violado ninguna ley ambiental y, de hecho, no ha hecho nada para empeorar la contaminación transfronteriza. Más bien, al construir y operar una planta de tratamiento en San Diego […] IBWC ha reducido en gran medida la escala del problema", dijeron los abogados.
Las ciudades de Imperial Beach y Chula Vista, el Puerto de San Diego y la organización ambiental local, la Fundación Surfrider, han expresado su intención de presentar demandas federales contra la IBWC.
Local
El alcalde Faulconer dijo que es posible que algunas de estas demandas se consoliden ya que cada municipio y agencia tienen el mismo objetivo: proteger el hábitat natural en South Bay y hacer que las condiciones sean habitables para los residentes.
"Creo que va a ver mucho movimiento en 2019 a medida que algunas de las ideas de infraestructura se hagan realidad, pero lo más importante es que necesitamos el financiamiento", dijo Faulconer.
Tijuana cruza la frontera de EEUU y México, justo al oeste de la garrita de Otay Mesa y viaja hacia el noroeste, a través del estuario del río Tijuana y hacia el Océano Pacífico al sur de Imperial Beach.
