La subsecretaria de la gobernación, Itza García y la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado fueron citadas para comparecer al Tribunal de Primera Instancia en San Juan este martes.
Ambas deberán testificar en torno a la controversia por corrupción y fraude electoral que se desprendió del chat de whatsapp #TeamP3R-coffee break, en el cual están involucrados funcionarios del gabinete del gobernador Ricardo Roselló.
La citación ocurre luego de que las funcionarias fueran citadas el pasado 2 de abril sin comparecer.
El informe de 72 páginas del caso detalla los hallazgos de la investigación iniciada a raíz de la revelación del intercambio de mensajes en el que participó el ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sáenz.
Lee aquí el informe de la investigación.
Los investigadores de la división legal interrogaron a los participantes de lo que resultaron ser dos chats de WhatsApp relacionados a la campaña a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) creados en el 2015 y 2016 por Itzá García, actual Secretaria Asociada de la Gobernación y el juez Ramos Sáenz.
Examinaron no solo las seis páginas reveladas por el senador popular Aníbal José Torres, sino también otras 102 de fotos de pantalla de decenas de mensajes de texto suministradas por uno de los entrevistados.
Puerto Rico
El informe identifica al Secretario de la Gobernación William Villafañe, la asesora del gobierno María Palou y Yesenia Díaz Román como quienes autenticaron los mensajes que todavía tenían en sus teléfonos.
Además, corroboraron que Ramos Sáenz participó activamente en la campaña a través del grupo que elaboró el plan para Puerto Rico y otras actividades de campaña lo que prohíben absolutamente el cánon 28 de ética judicial.
El documento concluyó que en unas de las conversaciones Ramos Sáenz consultó con miembros de la campaña del PNP una decisión suya sobre el voto de los encamados en las pasadas elecciones en el precinto 37 de Moca donde era presidente de comisión local.
También se le imputa haber asesorado legalmente al equipo de campaña que incluye a varios funcionarios de la administración en violación del cánon 27.
El reporte le adjudica conducta que puso en riesgo su independencia judicial y lesionó la imagen de la judicatura al supuestamente procurar ascensos y nombramiento a cambio de su conducta.
Según el informe, el expresidente de la CEE, habría violado doce de los cánones que juro cumplir al asumir el cargo. Cabe señalar que la investigación se limitó al ámbito ético y al juez Ramos Sáenz.
Mientras que la directora de ASUME, WalesKa Maldonado le confirmó hace unos días a Telenoticias que no cometió violación alguna al participar del chat.
Durante el lunes la Comisión de disciplina judicial adscrita al Tribunal Supremo ordenó sellar los anejos del informe para no afectar las investigaciones del justicia y la CEE.
Por otra parte, designo al licenciado Ángel Rossy para que en un plazo de 15 días determine si existe causa para presentar una querella formal contra Ramos Sáenz.
El expresidente de la CEE se expone a sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión de la profesión legal.
