La Junta de Supervisión Fiscal anunció este viernes que extenderá el calendario para la certificación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, así como los Planes Fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
En comunicado de prensa, la Junta citó progreso significativo en obtener clarificaciones adicionales y detalles sobre los planes del Gobierno, los cuales espera lleven al alineamiento en asuntos medulares como lo son las asunciones y las proyecciones de base contenidas en dichas revisiones. La Junta espera certificar los Planes Fiscales Revisados del Gobierno de Puerto Rico, la AEE y la AAA en o antes del 30 de marzo de 2018.
“Los Planes Fiscales son las herramientas que PROMESA provee para asegurar que Puerto Rico tenga una ruta clara hacia el balance fiscal y el crecimiento económico”, dijo José Carrión, presidente de la Junta, en declaraciones escritas.
Los Planes Fiscales Revisados del Gobierno de Puerto Rico, la AEE y la AAA fueron sometidos a la Junta el pasado 24 de enero.
Luego del proceso de revisión inicial, la Junta envió notificaciones oficiales de violación sobre los tres planes el 5 de febrero y requirió las revisiones, clarificaciones y detalles fueran sometidos nuevamente al 12 de febrero. La Junta esperaba certificar los planes el 23 de febrero.
El Plan Fiscal Revisado establece una reserva anual de $130 millones y contempla una inversión de $400 millones en mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del Gobierno.
Además, incorpora la implementación de medidas que contrarrestan el efecto de baja de recaudos tras la reducción de tasas contributivas de individuos y corporaciones.
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El Plan Fiscal Revisado contempla reducciones en el gasto del Gobierno sin precedentes y trabaja en reformas para eliminar la burocracia.
Establece también un programa del Departamento de Educación destinado a proveer las herramientas necesarias para que los jóvenes de Puerto Rico desarrollen habilidades para competir en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, el Plan Fiscal hace justicia a los municipios al postergar la eliminación del subsidio anunciado en el primer Plan Fiscal hasta el 2022 y a su vez, se aumenta los subsidios a recibir en cada año en comparación con el plan fiscal anterior.
Bajo el Plan Fiscal Certificado, los municipios perderían todo el subsidio del Gobierno Central para el año fiscal 2019, lo que equivale a $350 millones.
Además, reconoce las eficiencias en la regionalización y autonomía de los municipios para reducir costos y lograr mejores servicios para la ciudadanía.
También contempla reformas estructurales en educación, salud, reforma tributaria, reforma de infraestructura y digital, entre otras, que incentivarán la economía incluyendo la reforma contributiva.
