TIJUANA - Decenas de manifestantes que participaron en el cierre del corredor de exportación del lunes pasado en Tijuana, llegaron con pancartas a instalaciones del gobierno del estado, este miércoles, a exigir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar que resuelva la situación de miles de ciudadanos que pagaron sus terrenos hace más de 20 años y que ahora son amenazados con ser desalojados.
“Nos vendieron algo, ilegal, el gobierno del estado es el culpable de todo esto que el nos vendió, el nos tituló”, dijo María Elena Lozoya, una de las mujeres de la tercera edad que se encuentra demandada y con amenaza de desalojo de su propiedad, a pesar de haberla pagado hace casi 27 años.
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Los manifestantes llegaron a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) con letreros, documentos y la ilusión de finalmente resolver un problema que por años los mantiene en la incertidumbre.
“Escúchenos, estamos en lo justo, no estamos pidiendo nada a nadie y no le debemos nada a nadie”, agregó Lozoya.
En el sitio, los ciudadanos contaron parte de su historia y exigieron a la gobernadora que saliera a ver lo grave del problema, donde ella, se comprometió a dar solución junto al gobierno federal.
“La instrucción del gobierno federal y de mi gobierno es no afectar a las familias, vamos a proteger a las familias estamos ya contemplando diversas alternativas, se encuentra conmigo INDIVI, se encuentra conmigo la procuraduría agraria SEDATU”, dijo la gobernadora de Baja California a los manifestantes. “Nadie se va a desalojar ese es el principal compromiso es que ellos tengan la tranquilidad de que nadie los va a desalojar y que de ninguna manera se va a ver afectada la comunidad”.
En el sitio los ciudadanos también, pidieron a la gobernadora su compromiso de no tomar acciones legales contra los cientos de ciudadanos que frenaron el corredor de exportación, generando pérdidas económicas superiores a los $400 millones.
“Por supuesto que no hay una consigna de persecución hacía absolutamente nadie y valoramos que se haya atendido el llamado respetuoso que se hizo de liberar las aduanas”, agregó del Pilar.
Mientras tanto los ciudadanos dijeron que estarán al pendiente de que se cumplan los acuerdos establecidos este miércoles.
“Los demandados pues tiene un procedimiento para concluir, lo van a hacer ya que abran los tribunales, el contrato de mandato ya los traemos en PDF y que más y ya nos entregaron todo”, aseguró Rosalilia Jiménez Hernández, miembro afectado del “Frente de posesionarios para las Expropiación para la regularización de la tierra”, posterior a la reunión con la gobernadora.
Pues mientras el conflicto no se resuelve, Lozoya ya se endeudo y pagó 15,000 pesos de enganche al ejido por una propiedad, de la que ya tiene título y en teoría pago hace 27 años.
“A mi no me parece justo irle a dejar a esos desgraciados 15,000 pesos ahí, dinero que a mí me hace falta, ahora yo voy a estar endeudada en el seguro me van a quitar 700 pesos mensuales, solo recibo 4,500 de mensualidad, que me va a quedar”, relató Lozoya a TELEMUNDO 20.
Durante la reunión con la gobernadora se acordó una segunda junta, pero con los propietarios del ejido Rojo Gómez el próximo viernes, y otra cita en la Ciudad de México de forma tentativa el 9 de agosto.
