SAN DIEGO- Después de un informe mordaz del auditor del estado de California que decía que el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego no pudo evitar muertes en las cárceles locales, la Junta de Supervisores del Condado se reunió para discutir la auditoría el martes.
Entre 2006 y 2020, se informaron 185 muertes en los siete centros de detención que supervisa el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego (SDSO, por sus siglas en inglés), entre las muertes totales más altas del estado.
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La auditoría concluyó que hubo controles de seguridad inadecuados por parte de los agentes y que muchos reclusos no recibieron atención médica y de salud mental oportuna.
“La alta tasa de muertes en las cárceles del condado de San Diego en comparación con otros condados plantea preocupaciones sobre problemas sistémicos subyacentes con las políticas y prácticas del Departamento del Alguacil”, escribió el auditor interino del estado de California, Michael Tilden, en una carta abierta introductoria en el informe dirigido al gobernador, Gavin Newsom, y los líderes legislativos estatales.
La auditoría destacó la falta de supervisión independiente y pidió a la legislatura estatal que tome medidas “para garantizar que el departamento del alguacil implemente cambios significativos”.
En respuesta al informe, el SDSO dijo que haría los siguientes cambios:
- Actualizar los sistemas inalámbricos en todas las cárceles del condado para conectarse a los sistemas de atención médica
- Todas las muertes bajo custodia serán revisadas internamente y por una junta de revisión de ciudadanos. También se harán públicos.
- Implementarán cámaras corporales en el Centro de Detención de Mujeres Las Colinas
- Controles médicos y de salud mental prácticos
- Mejoras al Centro de Detención George Bailey
Local
La Junta de Supervisores determinó el martes que no hay mucho que la junta pueda hacer en cuanto a regular la política del departamento del alguacil, pero puede apoyar cualquier legislación que apruebe el estado y votó unánimemente para recibir el análisis del auditor.
El supervisor, Joel Anderson dijo que la auditoría fue una oportunidad distintiva para realizar los cambios necesarios.
Cuando las personas están bajo custodia, “tenemos la obligación moral de asegurarnos de que no mueran”, dijo Anderson.
“Tenemos mayores desafíos, y me alegra que esta junta esté a la altura de ellos”.
El presidente de la junta, Nathan Fletcher, agregó que el condado está trabajando en una serie de iniciativas para mejorar el tratamiento de los reclusos, pero dijo que también necesita contratar y capacitar a más empleados, y renovar las cárceles para acomodar servicios como exámenes de salud mental.
Durante un período de comentarios públicos, la junta escuchó a varios empleados de la cárcel del condado, quienes enfatizaron que necesitan más ayuda para garantizar que los reclusos reciban la atención adecuada.
La votación siguió a una presentación del auditor estatal Michael Tilden, quien les dijo a los supervisores que analizaron 30 muertes, detallaron los archivos de casos y encontraron varias causas.
La revisión encontró deficiencias “en la forma en que el departamento del alguacil brinda atención y protege a las personas encarceladas (que) probablemente contribuyeron a las muertes bajo custodia”.
Alegó que el personal de la cárcel del departamento del alguacil no dio seguimiento a la atención de los reclusos que la habían solicitado o recibido previamente por necesidades médicas o de salud mental.
“Por ejemplo, un individuo solicitó urgentemente servicios de salud mental poco después de ingresar a la cárcel”, afirma. “Sin embargo, (una) enfermera no había identificado ningún problema de salud mental significativo en el momento de la admisión y determinó que la persona no calificaba para una cita inmediata. La persona se suicidó dos días después, solo cuatro días después de ingresar a la cárcel”.
La auditoría se realizó a instancias del Comité de Auditoría Legislativa Conjunta del estado después de que los legisladores estatales la solicitaran en junio pasado. El estudio se llevó a cabo de julio a diciembre del año pasado y analizó todos los aspectos del registro de muertes bajo custodia del Departamento del Alguacil, políticas, procedimientos, mantenimiento de instalaciones y registros del personal, según funcionarios estatales.
Algunos de los reclusos que murieron en las cárceles del condado durante el período habían estado bajo custodia por solo unos días o varios meses, y otros estaban esperando ser sentenciados, listos para ser liberados o a punto de ser trasladados a diferentes instalaciones, según el auditoría.
El departamento afirmó que su liderazgo “aprecia el trabajo de los auditores estatales y aceptamos los hallazgos”.
“Mi objetivo es implementar las mejores prácticas que garanticen cárceles seguras y la mejor atención médica para las personas bajo nuestra custodia”, dijo el lunes el alguacil interino, Kelly Martínez. “Junto con esto, es imperativo que creemos un entorno seguro y con todo el personal para nuestros empleados”.
