TIJUANA- Este 24 de mayo, se cumplieron dos años desde la muerte de Roberto Alfonso Bravo, supuestamente acribillado a manos de policías en Tijuana. Este caso se suma a por lo menos dos en el último mes que han generado controversia al involucrar también a oficiales de esta corporación municipal.
Ante este terrible aniversario, la familia dijo a TELEMUNDO 20, que la situación les deja una mezcla de sentimientos que van desde la impotencia y el coraje, hasta el miedo por represalias por parte de los oficiales, que hasta ahora nos confirmaron siguen trabajando en la corporación.
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“Es mucha la tristeza, pero es más la impotencia de que no estén pagando los culpables, así de sencillo”, dijo Patricia Arellanes, madre de Bravo, quien falleció a los 29 años.
Llenos de denuncias y documentos, este martes, la familia de Bravo dijo que apenas puede creer como en dos años al caso de su hijo no se le ha hecho justicia.
“Estos dos años han sido un peregrinar ante la fiscalía, porque, porque no nos daban información”, dijo Arellanes.
Y la sindicatura confirmó que no se suspendió a ninguno de los cinco oficiales supuestamente involucrados durante la pasada administración.
“Se hizo la investigación, sin embargo, por criterio de la pasada síndico procuradora, desconozco cual haya sido el criterio, pero no hubo suspensión preventiva de los oficiales que participaron, de los elementos de la policía que participaron en este acto”, informó Rafael Leyva, síndico procurador del ayuntamiento de Tijuana.
Sin embargo, el síndico aseguró que si hay una investigación por el caso por parte de la comisión de servicio profesional de carrera policial.
“Nosotros mandamos ya la investigación a la comisión para que ellos determinen la sanción, en esta comisión está conformada por siete personas, dentro de las cuales estoy yo también como sindico con voz y voto y ahí se votan todos los asuntos que tiene que resolver la comisión policial”, explicó el síndico procurador del ayuntamiento de Tijuana.
La familia de Bravo dijo que, al escuchar del caso de Jorge Luis Cabrera, su desesperación aumentó, sobre todo al ver que hasta hoy ninguno de los oficiales está detenido.
“Es totalmente traumatizante, entiendes, importancia por no poder hacer nada”, dijo Antonio Bravo, padre de Roberto Alfonso Bravo, asesinado el pasado 24 de mayo a unos metros de las instalaciones de la fiscalía.
Un hecho que dijo el fiscal de Baja California, aún se investiga.
“Estamos en el proceso de poder resolver qué es lo que se va a hacer por parte de la fiscalía y estamos muy interesados en que se haga lo correcto no queremos equivocarnos en la opinión sino en lo que se pueda resolver”, señaló Iván Carpio, fiscal general de Baja California, sobre el caso específico de Jorge Luis Cabrera.
TELEMUNDO 20, preguntó al poder judicial sobre el avance en el caso de Roberto Alfonso Bravo, asesinado el pasado 24 de mayo del 2020 y dijeron que la fiscalía de Baja California no ha judicializado el caso, lo que les impide avanzar.
“Hemos visto tantos casos últimamente por la misma índole de abuso policial que pierdes la confianza, en nuestra policía, en nuestra fiscalía, la procuraduría, pierdes todo”, dijo Arellanes.
Y mientras la fiscalía aseguró que el caso de Roberto Alfonso Bravo, quien marca el servicio médico forense falleció con 17 disparos de arma de fuego, alguno que dejaron orificios de más de un centímetro en su cuerpo; aseguraron que la integración del caso sigue.
Este martes, los cinco hijos de Roberto Alfonso Bravo, incluyendo a una menor de apenas un año, deben vivir sin su padre.
“No entiendo que están esperando para que detengan a esta gente que sigue trabajando, sigue percibiendo un sueldo y mis nietos están sufriendo la pérdida de su padre”, agregó Arellanes.
Mientras las investigaciones continúan, la sindicatura municipal de Tijuana nos dijo que durante esta administración han recibido 206 denuncias a oficiales de policía de las cuales 10 han sido de la comunidad extranjera y turistas que llegan a la ciudad.
La sindicatura aseguró que esperan a más tardar el 9 de septiembre del presente año se dé una determinación por parte de la comisión de servicio profesional de carrera policial, en el caso de Roberto Alfonso Bravo, un joven que se dedicaba a la venta de partes de auto en Tijuana.
