TIJUANA- La controversia por el plan del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para expropiar el Club Campestre de Tijuana generó polémica a nivel nacional, la propia secretaría de economía de México mostró su inconformidad y quienes viven en la zona y han invertido ahí, aseguraron que la expropiación de éste podría ser desastrosa.
“Se está alimentando el fuego de este discurso de lucha de clases, de ricos contra pobres, fifís contra pobres”, aseguró el socio del Club Campestre y residente en la zona aledaña por más de 25 años, Roberto Quijano Luna.
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Él aseguró que esta medida no solo afecta su sociedad con el club, sino también la plusvalía de su hogar a unas cuadras de ahí.
“Hemos visto como se ha invertido muchísimo en esta área edificios nuevos, casas nuevas, remodelaciones que han subido de valor y por supuesto que representan inversiones para las familias que quieren vivir ahí, al proceder una expropiación por supuesto que va a bajar el valor de estas propiedades”, agregó Quijano.
Pero el gobierno estatal aseguró que esta medida es necesaria y esas áreas verdes le pertenecen al pueblo.
“Como un derecho de los bajacalifornianos derecho a la cultura, derecho a la recreación”, dijo Amador Rodríguez, secretario general de gobierno en Baja California.
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Mientras que analistas señalaron la decisión como extraña por parte del estado, ante un crecimiento zonas pobladas al este de la ciudad.
“No se que tan atractivo sea para alguien que vive en el Florido, El Mariano, Maclovio Rojas, trasladarse a la parte vieja de la ciudad para ir a un parque”, dijo el investigador y catedrático, Luis Carlos López.
Una idea con la que no concordó el gobierno del estado.
“Nos da la posibilidad de que un millón 200 mil personas las colonias libertad, la colonia Independencia, Pancho Villa y todas las colonias más viejas de Tijuana puedan tener acceso”, aseguró Rodríguez.
Al desacuerdo de los empresarios se sumó la secretaría de economía de México, Tatiana Clouthier quien escribió en redes sociales: “Rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación”.
“De alguna forma define la postura del gobierno federal al aspecto de está acción entonces pues los secretarios del gabinete, muchas decisiones las deben de tomar en consenso con el presidente de la república”, agregó López.
Un tema que aseguraron los residentes de la zona es político y les afecta.
“Cuando tenemos un gobierno que está dispuesto a confiscar la propiedad privada por un capricho político, entonces esto manda un mensaje de que la certeza jurídica no existe, que el estado de derecho no existe”, agregó Luna.
TELEMUNDO 20 preguntó al secretario general de gobierno si esto era verdad.
“No por supuesto que no, es un acto de justicia social, es un acto de reivindicación”, dijo Rodríguez, cuando se le preguntó sobre si esta situación se trataba de un capricho político o justicia social.
Las autoridades aseguraron que el uso del Club Campestre como un espacio público podría dar inicio en cuestión de semanas.
TELEMUNDO 20 intentó hablar con los abogados que llevan el caso en búsqueda de un amparo del Club Campestre y nos dijeron que de momento no podían hablar para no generar enfrentamientos, también contactamos al presidente del club y todavía no tenemos su respuesta.
