SAN DIEGO - Los vendedores ambulantes seguirán pagando $38 al año por un permiso anual para vender sus productos en San Diego después de que el Concejo Municipal de San Diego votara el lunes para extender la política, que le costó a la ciudad $1.3 el año pasado, compensada por solo $27,000 en ingresos recaudados en licencias.
Si hacemos algunos cálculos: por cada uno de los 724 vendedores ambulantes registrados que pagaron $38 por su licencia, la ciudad en teoría pagó $1,800.
El plan podría haber costado aún más: en mayo del año pasado, la ciudad anticipó costos de $4.5 millones para pagar lo que se pensó sería un equipo de aplicación de la ley de 32 personas, de las cuales solo unas pocas han sido contratadas.
Calculemos nuevamente: $4,500,000÷724=$6,215. Es decir que una vez que se contraten a todas las personas de este equipo, los contribuyentes acabarían pagando $6,215 por cada vendedor ambulante en San Diego, asumiendo que no hayan más que se registren.
La votación del lunes pasó por un amplio margen, 8-1, como lo hizo el año pasado cuando la ordenanza, que restringe dónde pueden operar los vendedores, se presentó por primera vez ante el consejo. Las negociaciones en la cámara del consejo en 2022 redujeron las tarifas de los permisos de $230 a $38, el mismo precio que un certificado de impuestos comerciales en la ciudad.
La ordenanza propuesta fue desarrollada por la concejal Jennifer Campbell, quien representa al Distrito 2, que incluye los vecindarios con muchos vendedores ambulantes de Ocean Beach y Pacific Beach.
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"Con esto, podemos equilibrar las necesidades de los vendedores, los residentes y nuestros espacios públicos", dijo Campbell en ese momento.
El año pasado, Campbell modificó la tarifa propuesta y pidió reducirla a $100 durante el primer año y luego recibir análisis del personal de la ciudad. La concejal Monica Montgomery Steppe, que representa al Distrito 4, solicitó una enmienda para reducirlo a $38 durante el primer año, lo que Campbell aceptó y se extendió esta semana en la votación del lunes.
La concejal Vivian Moreno, quien se opuso a la medida tanto el lunes como hace un año, citó el año pasado su frustración con las tarifas adicionales para las familias inmigrantes y de clase trabajadora.
La ordenanza establece un sistema de cumplimiento que varía para aquellos con y sin permisos. Para una primera violación, una advertencia, seguida de multas y, en última instancia, la confiscación del puesto y las mercancías.
Las regulaciones entraron en vigencia el verano pasado e impusieron restricciones a los vendedores, incluso cuando pueden vender productos en áreas de "mucho tráfico" como paseos marítimos, aceras frente a la playa y parques entre los días de Memorial y Labor. También configuró parámetros para que los proveedores puedan instalarse físicamente. Por ejemplo, a 15 pies de otro proveedor, a 50 pies de una "parada de tránsito principal" ya 100 pies de cualquier acera o calle cerrada.
Según la mayoría de las medidas, la ordenanza fue un éxito, restringiendo la mayor parte del negocio en las áreas objetivo, aunque los peatones aún pueden hacerse tatuajes de henna en varios lugares a lo largo del Prado en Balboa Park la mayoría de los fines de semana, y todavía hay salvia, cristales y otros Obecian- mercancías dirigidas a lo largo de la costa en Ocean Beach.
Nuestra cadena NBC 7 se ha comunicado con los concejales Joe LaCava y Moreno para hacer comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.
